En un reciente pronunciamiento, tres defensoras de derechos humanos, quienes han buscado refugio fuera de El Salvador, han denunciado las políticas del presidente Nayib Bukele, acusándolo de "criminalizar a cualquier disidente" y de manipular el temor a la violencia como una herramienta estatal. Ellas han señalado a 2025 como un año crucial para los derechos humanos en el país desde la llegada de Bukele al poder.

En una entrevista con Europa Press, Angélica Cárcamo, periodista y directora de la Red Centroamericana de Periodistas, junto a dos colegas que prefieren mantener su identidad oculta por razones de seguridad, abordaron esta preocupante situación. Una de las defensoras trabaja en una organización enfocada en la atención a grupos vulnerables y la promoción de la paz, mientras que la otra es una reconocida abogada e investigadora en temas de derechos humanos y derecho constitucional.

Ellas denuncian que Bukele ha establecido un patrón claro de criminalización mediante "detenciones arbitrarias" de individuos afiliados a organizaciones defensoras de derechos humanos, en un entorno de represión creciente. Esta escalada se ejemplifica con casos alarmantes como el de la abogada Ruth López, que ha sido objeto de una detención muy publicitada.

Las defensoras sostienen que el presidente utiliza el miedo como estrategia, sugiriendo que si se levanta el régimen de excepción, que ha estado activo desde marzo de 2022 y otorga amplios poderes a las fuerzas de seguridad, las pandillas volverán a tomar control en ciertas regiones. Este discurso ha llevado a muchos ciudadanos a apoyo la extensión de este régimen, impulsando así una política del miedo.

Sin embargo, las activistas argumentan que esta línea de pensamiento es engañosa. "Es una extorsión que contradice la narrativa de que El Salvador es un país seguro. Si realmente las pandillas hubieran desaparecido, no debería ser un tema independientemente de quién esté en el poder", afirman, sugiriendo la posibilidad de un acuerdo entre Bukele y las pandillas.

Desde que asumió la presidencia, Bukele ha promovido un discurso que crea un enemigo común, dividiendo a la sociedad entre buenos y malos y desacreditando a las organizaciones de la sociedad civil, vinculándolas con los partidos políticos tradicionales. Este enfoque ha logrado resonar en la opinión pública, aunque con consecuencias potencialmente negativas para el debate democrático.

A pesar de las violaciones a los derechos humanos que detallan, estas defensoras reflejan que la popularidad de Bukele se mantiene notablemente alta, impulsada por un sentimiento de gratitud entre la población que aprueba sus acciones para contrarrestar la violencia de las pandillas. Esto ha hecho que muchos no perciban la gravedad de la actual violación de derechos.

Reconocen, no obstante, que el deterioro en el acceso a servicios básicos, como salud y alimentación, ha comenzado a generar descontento. Ellas prevén que a medida que la administración de Bukele vaya perdiendo impulso, también se intensificarán las acciones represivas y el uso de la violencia estatal.

Se atreven a predecir que Bukele podría mantenerse en el poder por otros 10 a 15 años gracias a reformas constitucionales que permiten la reelección indefinida, a pesar de los desafíos legales que esto podría conllevar. Aun así, aseguran que seguirán luchando a pesar de las adversidades: "Aunque el panorama sea sombrío, no nos rendiremos", concluyen.

Una de las defensoras advierte sobre la ausencia de controles democráticos en El Salvador, afirmando que no existen instancias judiciales independientes y que Bukele ha consolidado una mayoría abrumadora en el parlamento. La comunidad internacional, según Cárcamo, ha quedado muda ante lo que describen como un régimen represivo, aunque han destacado esfuerzos de organismos como la ONU para abordar la crisis, a pesar de la falta de apoyo visible.

Finalmente, han manifestado su preocupación por la política del presidente estadounidense, Joe Biden, que ha impactado a El Salvador, señalando que Bukele ahora puede llevar a cabo sus planes sin restricciones significativas. Este apoyo implícito se ha traducido en un respaldo a las políticas del presidente salvadoreño, lo que agrava aún más la situación de derechos humanos en el país.