Los concejales Serra y Martín negaron las acusaciones el viernes

BARCELONA, 12 Mar.

La regidora de Barcelona, Ada Colau, declarará este lunes como investigada en el juzgado por presunta prevaricación y coartes en el fondo de inversión Vauras a fin de que diese en alquiler popular pisos de su propiedad, entre ellos el Bloc Llavors, que estaban ocupados por familiar atacables.

Colau está citada a las diez horas en el Juzgado de Instrucción 18 una vez que la Audiencia de Barcelona ha recibido la solicitud de Vauras para reabrir la causa que archivó la jueza instructora.

El viernes, declararon los concejales Marc Serra y Lucía Martín y una gobernante municipal, asimismo investigados, que negaron las acusaciones y contaron a la jueza que representantes del fondo de inversión solicitaron al consistorio que acelerara licencias de proyectos para otros inmuebles que tienen en la localidad en lugar de ofrecer en alquiler popular para familias atacables pisos del Bloc Llavors.

El consistorio sancionó seis ocasiones a Vauras por un total de unos 400.000 euros por no ofrecer en alquiler popular pisos de su propiedad pese a ser un enorme tenedor.

En una rueda de prensa después que se anunciase su citación para declarar, Colau aseveró: "Estoy muy apacible. Evidentemente colaboraremos con la justicia como hicimos siempre y en todo momento. Esto terminará archivado", y defendió que el consistorio se ha con limite a realizar la ley catalana de vivienda.

Vauras asigna las supuestas coartes a 2 asambleas entre la compañía y el consistorio donde Martín en teoría "habría reconocido abiertamente el acompañamiento del Ayuntamiento al movimiento okupa y la verdad de esas presiones y de ese presunto mercadeo de privilegios de proyectos en lugar de cesión de casas para alquiler popular", lo que el Ayuntamiento niega.

Por su parte, el Ayuntamiento ha reconocido que requirió múltiples ocasiones a Vauras a fin de que ofreciese un alquiler popular a quienes ocupaban su edificio de la calle Lleida 38, popular como Bloc Llavors, pero ten en cuenta que de esta forma lo prevé la ley catalana de urgencia en la vivienda y desecha que el consistorio cometiese ningún delito en el trámite.