Albiach (Comuns) asegura que la nueva financiación beneficiará a todos y vaticina que Junts no podrá resistir.
BARCELONA, 9 de enero.
La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha manifestado su confianza en que el nuevo modelo de financiación autonómica, acordado entre el Gobierno central, el Govern y ERC, resultará beneficioso para todos. Albiach ha expresado su incredulidad ante la oposición de Junts, afirmando que es un partido que debería estar comprometido con los intereses de Catalunya.
Este comentario se produjo durante una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, donde Albiach se reunió con el presidente Salvador Illa para discutir cómo el nuevo modelo podría incrementar en aproximadamente 4.700 millones de euros anuales los recursos destinados a la comunidad catalana.
Según la dirigente, este acuerdo es un triunfo para todas las partes involucradas, ya que respeta tanto el principio de ordinalidad como el de solidaridad. Para ella, se trata de una iniciativa que busca fortalecer los servicios públicos, promover la cohesión territorial y garantizar la igualdad de oportunidades sin perjudicar a otras comunidades.
Albiach argumentó que, aunque el nuevo modelo ha llegado con retraso, su implementación es esencial para mantener el sistema de bienestar en Catalunya, asegurando que esto representaría un aumento del 12% en los ingresos anuales del gobierno regional. A su juicio, esto contribuirá a corregir las injusticias fiscales sufridas hasta ahora.
La presidenta de los Comuns expresó que, si bien es importante que Catalunya actúe con solidaridad, no se puede permitir que la comunidad sea la perjudicada en el sistema de redistribución actual. Insistió en que siempre han defendido la solidaridad territorial, pero no a costa de la equidad fiscal.
En su intervención, hizo un llamado a los representantes de las fuerzas políticas catalanas en el Congreso para que prioricen el interés de Catalunya sobre el de sus respectivos partidos, instándoles a respaldar la propuesta legislativa: "Hay una oportunidad en este momento, gracias a un gobierno de coalición progresista en el Estado".
Albiach subrayó la importancia de no dejar pasar esta ocasión y expresó su asombro ante la posibilidad de que quienes realmente aman a Catalunya no apoyen este acuerdo durante la votación en la Cámara baja.
Asimismo, aseguró que este nuevo modelo no tendrá un impacto negativo en ninguna comunidad autónoma y, de hecho, beneficiará a muchas que actualmente están bajo gobiernos del Partido Popular. Aseguró que son conscientes de las ventajas que este acuerdo trae para sus territorios y servicios públicos.
Sin embargo, Albiach denunció que algunos partidos están ventilando críticas hipócritas con la intención de debilitar al Gobierno, mientras esperan que otros actores políticos respalden la inversión que beneficiaría a sus regiones.
Respecto a la posibilidad de que todos los partidos aliados en Sumar respalden el nuevo modelo, la líder de los Comuns no se mostró completamente segura, pero enfatizó que es un acuerdo "objectivamente bueno" que también favorecerá a comunidades como la Valenciana, Aragón y las Islas Baleares.
En relación a la recaudación del IRPF, que todavía no ha sido plenamente transferida a la Generalitat, manifestó su acuerdo con ERC en la necesidad de que Catalunya mejore su capacidad de gestión tributaria, insistiendo en que "lo cercano se gestiona mejor".
Aunque esta es una cuestión que sigue bajo negociación, Albiach comentó que mantiene un compromiso de lealtad con ERC, en línea con las negociaciones que mantienen en cuanto a vivienda con el Govern.
Referente a su encuentro con Salvador Illa, la presidenta de los Comuns subrayó que no se abordaron aún los temas de los Presupuestos, señalando que están a la espera de información sobre el cumplimiento de acuerdos previos en educación y salud que se pactaron para el 2025.
Finalmente, insistió en que no se sentarán a negociar hasta que los compromisos anteriores se hayan cumplido y hasta que se apliquen sanciones a quienes infrinjan la ley en el ámbito de la vivienda, dejando claro que la responsabilidad ahora recae en el Gobierno.
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