El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, miembro del Partido Popular, se ha defendido en un juicio reciente al asegurar que, de haber tenido conocimiento sobre irregularidades en la instalación de antenas de telefonía móvil en una comisaría de su localidad en 2012, habría tomado las acciones pertinentes. Albiol ha declarado su inocencia durante su comparecencia como investigado, actividad que se extendió por 51 minutos y en la que respondió a cada una de las partes implicadas.

En el ámbito del juicio, se encuentran otros cinco acusados, entre los que se destaca el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Jurado, y el gerente de Urbanismo, Xavier Salvà, así como varios miembros de su administración que desempeñaron roles clave en el proceso de concesión de licencias.

Durante su intervención, Albiol explicó que, al asumir su cargo, comenzó a delegar competencias en diversos aspectos y que no se involucró directamente en el control de la legalidad de las instalaciones urbanísticas: "No entraba en eso; para eso hay un equipo técnico encargado de velar por la legalidad”, indicó.

La Fiscalía ha argumentado que, en julio de 2012, un representante de Vodafone se puso en contacto con el director de Tecnología de la Información del Ayuntamiento de Badalona para discutir la posibilidad de instalar una estación de telefonía en el Turó d'en Caritg. Este se dirigió posteriormente al gerente de Engestur, una empresa municipal encargada de gestionar estas tareas, según una decisión del Pleno del Ayuntamiento.

El informe del ministerio público sostiene que Albiol tomó la decisión de permitir la instalación de las antenas dentro de la Comisaría Central de la Guardia Urbana sin emitir una resolución formal dedicada a este fin. Además, señala que los acusados eran conscientes de que el sitio no era adecuado para este tipo de uso, lo cual infringía las normativas municipal, ambiental y urbanística.

Vodafone llevó a cabo la instalación de una antena de 10 metros de altura, que dio inicio a su funcionamiento sin contar con los permisos necesarios. Posteriormente, Telefónica también instaló otra antena, lo que generó protestas entre algunos miembros de la Guardia Urbana a través de un sindicato.

Se planteó más adelante que, ante los problemas técnicos para el abastecimiento de combustible en las instalaciones de Vodafone, se les permitió acceder a la red eléctrica de la comisaría, y estos gastos, que ascenderían a más de 8.300 euros, fueron cargados al Ayuntamiento sin que la operadora realizara ningún pago.

Ambas antenas estuvieron operativas desde 2013 hasta 2015, año en que se dio un cambio en el gobierno municipal. Durante este periodo, la Fiscalía alegó que no se emitieron sanciones administrativas por parte de los acusados a pesar de las irregularidades. Albiol, en su defensa, relató un episodio en el que detectó obras no autorizadas en un local municipal y actuó de inmediato, sugiriendo que en su administración se tomarían medidas ante irregularidades.

El alcalde también enfatizó que las licencias no pueden ser delegadas a terceros y que es poco realista esperar que un alcalde de una ciudad tan grande pueda supervisar cada detalle de los proyectos municipales: "Es una tarea imposible", expresó Aibol.

Además, mencionó no recordar reuniones sobre el tema de las antenas con la Guardia Urbana, quienes, según él, habían planteado dudas sobre los posibles efectos nocivos de las radiaciones pero no abordaron cuestiones sobre la legalidad de las licencias, algo que sí recordaría si hubiese ocurrido.

Albiol explicó que las antenas están situadas en un lugar aislado detrás del edificio de la Guardia Urbana y, por tanto, su visibilidad para el público era limitada: "No forman parte de mi curiosidad visual", arguyó.

Tomás Vizcaíno, otro de los acusados, quien se encargaba del área de urbanismo, aseguró que aunque propuso que Engestur gestionara el control de estas instalaciones telefónicas, no dio la autorización final para su instalación y se enteró de su existencia en marzo de 2020 durante un evento social, cuando recibió una llamada informándole sobre una denuncia relacionada a las antenas.

Por su parte, Jurado, concejal de seguridad entre 2011 y 2015, también negó haber tenido participación directa en las decisiones relacionadas con las antenas, alegando que se trataba de un asunto administrativo que gestionó la Guardia Urbana y que no tuvo motivos para dudar de la veracidad de la información que le proporcionaron otros departamentos.

Como consecuencia de estos hechos, la Fiscalía ha solicitado para Albiol una pena de dos años y 10 meses de prisión, así como inhabilitación para el desempeño de cargo público durante 10 años y una multa de 9.000 euros. Para los demás acusados, se pide un año y medio de cárcel junto a multas como coautores del presunto delito.

Asimismo, se ha estimado que los acusados deberán indemnizar al Ayuntamiento con un monto total de 17.448,27 euros, de los cuales Vodafone y Movistar responderán proporcionalmente por sus respectivas contribuciones, además de hacerse cargo de la deuda por el consumo eléctrico de la comisaría que correspondía a Vodafone.