En un escenario preocupante para el sector inmobiliario de la capital catalana, la Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, conocida como Apartur, ha elevado su demanda a la Generalitat, reclamando nada menos que 4.280 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial. Esta cifra se deriva de la reciente eliminación de licencias de pisos turísticos, un tema candente que fue abordado por el presidente de la asociación, Enrique Alcántara, en una rueda de prensa llevada a cabo en el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Alcántara detalló que la reclamación se plantea en el contexto del Decreto Ley 3/2023, que pone fin a estas licencias, remitiendo dicha cifra a la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, que tiene un plazo de seis meses para responder. Los 4.280 millones abarcan un total de 7.200 pisos, cuyo impacto afecta a propietarios y gestores en la provincia de Barcelona, evidenciando la magnitud del problema que enfrenta este sector.

El presidente de Apartur no hizo más que resaltar las graves repercusiones del decreto, argumentando que este tiene el potencial de "destruir un sector regulado y normalizado de manera pionera". Alcántara subrayó que los pisos turísticos generan una contribución fiscal anual de aproximadamente 160 millones de euros, cifra que equivale al presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona para la vivienda, lo que pone de manifiesto la relevancia económica de este sector.

Además, Alcántara advirtió que esta decisión administrativa podría resultar en la pérdida del 40% de las plazas turísticas en la ciudad, alerta que suscite una seria preocupación sobre la capacidad de Barcelona para albergar ferias y grandes congresos, lo que podría acarrear consecuencias económicas significativas.

La cifra presentada por Apartur no solo cuenta los beneficios de los propietarios, sino que también incluye las inversiones realizadas para la rehabilitación de los pisos, así como las indemnizaciones que las empresas gestoras tendrán que abonar a los trabajadores que serán despedidos, un total que el sindicato estima en unas 5.000 personas, entre las cuales se encuentran empleados de limpieza, lavandería y mantenimiento.

En su defensa, Alcántara argumentó que los pisos turísticos representan apenas el 1% del total de la vivienda en Barcelona, lo que lleva a cuestionar la efectividad de cerrar 10.000 de estos alojamientos como solución al problema habitacional en la ciudad, una situación que sigue siendo complicada e insostenible.

En lugar de restricciones, Alcántara propuso un enfoque diferente: quizás la recaudación de la tasa turística podría ser utilizada íntegramente para políticas de vivienda pública, sugiriendo así que los recursos obtenidos del turismo se reinviertan en mejorar la situación habitacional de la ciudadanía.

Sin embargo, es notable que los representantes de Apartur aún no se han reunido con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ni con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Esta falta de comunicación ha llevado a Apartur a considerar que la actual medida se basa en un argumento falaz que atribuye la crisis de vivienda al turismo, distraído, según sus palabras, de la celeridad en la propuesta de soluciones efectivas.

El 16 de septiembre, la asociación había presentado unas cifras iniciales que ascendían a 3.000 millones para Barcelona y 7.000 millones para el conjunto de Catalunya. Sin embargo, en la rueda de prensa más reciente, estas cifras se han revisado al alza, elevándolas a los 4.280 millones para la capital catalana, sin contemplar los pisos que no han sido incorporados a la asociación, lo que agrava aún más el panorama.

Alcántara enfatizó que este decreto haría desaparecer a los pequeños propietarios y a las pequeñas y medianas empresas del sector, concentrando el control en manos de grandes tenedores. Por ello, pidió a la Generalitat incluir a estos pequeños propietarios en el debate sobre el futuro del turismo en Barcelona, sugiriendo que su experiencia y perspectiva son vitales para cualquier estrategia que se implemente.

Un caso particular que ilustra el descontento generalizado es el de Toni Gragera, propietario de dos pisos turísticos en Barcelona, quien se mostró en desacuerdo con las medidas planteadas. Gragera expresó que estas nuevas regulaciones amenazan su capacidad de asegurar una pensión digna, afirmando: "Reclamamos lo que nos hemos ganado", y señaló que la rentabilidad de un piso turístico frente a un alquiler convencional es triplicada, lo cual le proporciona "menos dolor de cabeza" en la gestión cotidiana.