En una reciente decisión que ha generado controversia, el pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha formalizado la ratificación de una nueva Ordenanza de Circulación, que comenzará a regir a partir del 1 de febrero de 2025. La medida fue aprobada gracias a la coalición de votos del PSC, ERC y BComú, mientras que el PP optó por la abstención y tanto Junts como VOX se manifestaron en contra de la normativa.

Esta nueva regulación, que reemplaza a la anterior de 2017, plantea varias modificaciones significativas, incluyendo la obligatoriedad del uso de casco para los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), tales como los patinetes eléctricos. Además, queda prohibido que estos vehículos transiten por avenidas donde se establezca un límite de velocidad de 50 kilómetros por hora, un paso que busca reforzar la seguridad vial en la capital catalana.

Entre otras medidas, se establece que los VMP no podrán exceder los 25 kilómetros por hora en los carriles bici, deberán reducir su velocidad al mismo límite en vías designadas de 30 kilómetros, y en aquellos tramos donde el carril bici se ubique en la acera o en una plataforma única, la velocidad máxima permitida se fija en 10 kilómetros por hora.

Una de las prohibiciones más destacadas que contempla la nueva Ordenanza es la restricción de circulación de bicicletas y VMP por las aceras, aunque se especifican excepciones en situaciones particulares. Además, se establece la prohibición de estacionar motos en las inmediaciones de centros de salud y educativos, una medida que busca garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en estos entornos críticos.

Laia Bonet, primera teniente de alcaldía, ha expresado su satisfacción por la aprobación de esta normativa, enfatizando el compromiso del gobierno municipal para que las aceras queden reservadas para el uso exclusivo de los peatones. Asimismo, ha puesto de relieve el “buen tono” en el diálogo con BComú y ERC, destacando la incorporación de sus sugerencias a la nueva ley.

Sin embargo, el concejal de BComú, Guille López, ha manifestado que, si bien la nueva Ley constituye un avance, este es insuficiente ante los desafíos que enfrenta Barcelona. “Nos queda mucho trabajo por hacer”, destacó en sus declaraciones, expresando la necesidad de un enfoque más audaz hacia la movilidad urbana.

Por otra parte, Rosa Suriñach, concejal de ERC, también se mostró optimista sobre el consenso alcanzado en la reconfiguración de la escalera de vulnerabilidad en el espacio público, aunque se lamentó del tiempo que la ley había permanecido sin avances en el “cajón” de la burocracia municipal.

Desde la oposición, la concejal de Junts, Francina Vila, cuestionó la efectividad de la nueva normativa, señalando que no generará el impacto deseado en la vía pública. Acusó al gobierno de imitar una legislación de ámbito europeo sin generar un modelo innovador y adaptado a las necesidades específicas de la ciudad.

Además, el portavoz del PP, Juan Milián, criticó la omisión de propuestas en el texto, como la obligatoriedad de matrícula y seguro para patinetes, así como la falta de alternativas para la restricción de aparcamiento de motos en cercanías de hospitales y colegios. “No se plantean alternativas”, subrayó Milián, aludiendo a la necesidad de un enfoque más integral.

Por último, Liberto Senderos, portavoz de VOX, se quejó de que las motos no reciben el reconocimiento adecuado en la nueva ordenanza y acusó al gobierno municipal de implementar límites de velocidad “ridículamente restrictivos” en ciertas vías, cuestionando la lógica detrás de tales decisiones que podrían afectar la movilidad de los ciudadanos.