Se ha dado luz verde a la proposición presentada por BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, gracias en gran parte al respaldo del PSC y Junts, mientras que ERC decidió abstenerse, y tanto el PP como Vox se manifestaron en contra. Este voto, que se ha producido en una sesión plenaria, pone de relieve las diferentes posturas políticas que rodean el complejo tema de la vivienda en la capital catalana.

En declaraciones posteriores a la aprobación, la líder de BComú, Janet Sanz, enfatizó la "oportunidad" que esta iniciativa representa en un contexto que ella describe como una "emergencia" en el ámbito de la vivienda. Sanz expresó su frustración ante la abstención de ERC, sugiriendo que su postura podría obstaculizar los avances necesarios en esta materia tan crucial para la ciudadanía barcelonesa.

La propuesta aprobada aboga por el fortalecimiento del convenio 'ESAL', firmado durante la gestión de la exalcaldesa Ada Colau, el cual establece la creación de 1.000 viviendas mediante la colaboración con diversas entidades de vivienda cooperativa. El actual gobierno municipal reafirma su compromiso con este proyecto, lo que pone de manifiesto su intención de abordar de manera proactiva los problemas de acceso a la vivienda.

La primera teniente de alcalde, Laia Bonet, subrayó la importancia de involucrar a todos los sectores, incluidas las cooperativas, en este desafío. Bonet también destacó la necesidad de examinar la posible retroactividad de la medida si se implementa finalmente, lo que podría complicar el panorama para aquellos que ya gestionan o se benefician de la vivienda en la región.

Desde las filas de Junts, la concejal Maria del Carmen Lleó recordó a Sanz que la lucha por la vivienda no comenzó en 2019, sino que tiene antecedentes en la alcaldía de Xavier Trias. Lleó insistió en que, desde su partido, ven esta cuestión como una prioridad esencial para la construcción de un parque de vivienda asequible, preparado para atender las necesidades de todos los barceloneses.

Por su parte, Eva Baró, concejal de ERC, manifestó que su partido comparte en gran medida el diagnóstico de BComú respecto a la crisis de vivienda, aunque se mostró escéptica sobre la viabilidad de llevar a cabo medidas retroactivas, lo que podría generar confusión y desconfianza entre los ciudadanos.

La portavoz del PP, Àngels Esteller, no tardó en criticar a Sanz, al afirmar que las políticas implementadas por su partido durante su gestión en el Ayuntamiento son las responsables de la grave situación que actualmente persiste en el sector inmobiliario de Barcelona. Esteller destacó la necesidad de un enfoque distinto que realmente aborde las raíces del problema.

Finalmente, el portavoz de Vox, Liberto Senderos, planteó la necesidad de devolver a los ciudadanos barceloneses la "libertad de comercio", argumentando que el modelo actual de gestión de la vivienda en Barcelona no es el adecuado y que se deben buscar alternativas que respeten los derechos de los propietarios y la economía local.