A partir del 1 de febrero, el Ayuntamiento de Barcelona implementará sanciones que pueden alcanzar hasta los 500 euros para aquellos usuarios que no cumplan con las nuevas normativas establecidas en la Ordenanza de circulación, que regula tanto a viandantes como a vehículos.
Desde este jueves y hasta finales de febrero, una veintena de informadores del Ayuntamiento recorrerán la ciudad para difundir las modificaciones que comenzarán a regir el próximo mes. Esta iniciativa se enmarca dentro del Pla Endreça, cuyo objetivo principal es garantizar la seguridad de las aceras para los peatones, al mismo tiempo que se regula el uso de los vehículos de movilidad personal (VMP), como patinetes y monociclos eléctricos.
La normativa fue aprobada a finales de noviembre de 2024, con la coalición del PSC, ERC y BComú a favor, mientras que el PP se abstuvo y Junts y Vox votaron en contra. En este contexto, el director de servicios de Movilidad de la ciudad, Adrià Gomila, ha señalado que, además de la campaña informativa, a partir del 1 de febrero la Guàrdia Urbana iniciará una serie de controles para asegurar el cumplimiento de la normativa, sancionando severamente a quienes la ignoren.
Gomila destacó que los vehículos que superen los 25 kilómetros por hora ya no se considerarán VMP, sino que se clasificarán como vehículos de categoría L, es decir, similares a las motos, lo que implicará un conjunto diferente de requisitos legales para su uso en la vía pública.
Entre los cambios más significativos que introduce esta ordenanza se encuentra la exigencia de que todos los conductores de VMP utilicen casco, así como la prohibición de que tanto estos vehículos como las bicicletas circulen por las aceras. Sin embargo, se han previsto excepciones para bicicletas conducidas por menores de 12 años, quienes podrán seguir utilizando las aceras bajo la supervisión de un adulto.
La nueva normativa también prohíbe el estacionamiento de motos en los accesos a centros escolares y hospitales, así como en aceras que tengan menos de tres metros de ancho o en áreas que obstaculicen el acceso a contenedores de residuos. Las sanciones por estas infracciones oscilarán entre 50 y 500 euros.
Además, se establece que los patinetes eléctricos y otros VMP están obligados a circular exclusivamente por carriles bici o en calles con un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora o menos, y deberán respetar un máximo de 25 kilómetros por hora. Aquellos que infrinjan esta normativa podrán ser penalizados con multas de hasta 500 euros a partir del 1 de febrero.
Como parte de las nuevas condiciones, también se requiere que los patinetes lleven luces delanteras y traseras y se limita su uso a una sola persona por vehículo y mayores de 16 años. La ordenanza establece que los ciclistas deberán desacelerar o detener su marcha en momentos de alta concentración de peatones y está prohibido estacionar bicicletas atadas a mobiliario urbano como árboles, farolas o bancos.
Se permitirá a las motos, bicicletas y patinetes destinados al reparto de mercancías utilizar zonas de carga y descarga, pero se prohíbe que aparquen en el carril bici durante estas operaciones, con multas que podrán alcanzar los 200 euros.
Durante los meses de enero y febrero, los informadores trabajarán en la divulgación de estas nuevas normas, distribuyendo tarjetas informativas entre los usuarios y representantes de tiendas de alquiler de bicicletas en los diez distritos de la ciudad, complementado con una campaña mediática. Gomila también ha señalado que evaluarán la necesidad de continuar la campaña informativa en función de los resultados obtenidos durante su implementación.
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