La Generalitat de Catalunya ha propuesto un ambicioso plan para aumentar la oferta de viviendas públicas en la región, con el objetivo de encontrar más terrenos que faciliten la construcción de nuevas edificaciones. Esta iniciativa surge en un contexto donde la necesidad de vivienda asequible es cada vez más apremiante.

En una reciente rueda de prensa, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, junto al secretario de Territorio, Vivienda y Agenda Urbana, Víctor Puga, informó que actualmente se están gestionando 4.002 viviendas sociales de alquiler, la mayoría de las cuales se concentran en la área metropolitana de Barcelona. La expectativa es que estas propiedades sean entregadas entre los años 2025 y 2029.

Además, Paneque confirmó que entre las viviendas en proceso se incluyen 451 unidades propiedad de InmoCaixa, cuya adquisición por parte del gobierno catalán fue anunciada por el presidente Salvador Illa, quien ha comprometido 30,5 millones de euros para esta compra en diciembre.

En términos de estadísticas, actualmente, Catalunya posee solo un 2,5% de vivienda asequible y protegida. Con el nuevo plan, el Govern se ha fijado una meta ambiciosa: aumentar esta cifra hasta un 15% antes del año 2030, esperando lograr un "ritmo de producción colosal" para alcanzar este objetivo.

La Generalitat se centrará en asegurar la primera fase de este plan, que consiste en la construcción de 20.000 viviendas de alquiler de protección oficial. Para esto, se utilizarán tanto las edificaciones en curso como los terrenos que ya están listos para la construcción.

En este contexto, se anunció que de los terrenos disponibles, que son propiedad del Incasòl o que han sido cedidos por los ayuntamientos, se prevé que pronto se inicie la construcción de aproximadamente 5.063 viviendas de alquiler de protección oficial.

Por otro lado, el Govern espera que los solares necesarios para completar las restantes 15.000 viviendas se obtengan de la primera convocatoria de la reserva pública de solares de la Generalitat, que está programada para febrero de 2025.

La administración catalán distingue entre terrenos ya preparados para ser solares, donde la construcción puede comenzar de inmediato, y aquellos que aún necesitan pasar por procesos administrativos antes de que puedan ser utilizados para edificación.

En lo que respecta a las viviendas planificadas, se prevé que de los terrenos que actualmente no son solares se puedan extraer las 30.000 restantes necesarias para cumplir con la promesa del gobierno de Salvador Illa de alcanzar un total de 50.000 viviendas sociales para 2030.

La Generalitat ha evaluado también los sectores en espera de obras de urbanización, que tienen el potencial de ofrecer 4.993 viviendas de alquiler de protección oficial. Además, en sectores donde el planeamiento ya ha sido aprobado pero faltan proyectos de urbanización, se estima que se podrían edificar alrededor de 17.719 unidades.

Incluso, en suelos que demandan un mayor manejo y tramitación, se contempla la posibilidad de construir hasta 63.517 viviendas de alquiler, un potencial que Puga ha calificado de "muy grande".

Por último, Paneque enfatizó que, aunque estas proyecciones están sujetas a cambios, establecen una ruta de trabajo clara para el Govern en su esfuerzo por abordar la problemática del acceso a la vivienda en Catalunya.