El Govern está impulsando la construcción de viviendas en Catalunya a través de un registro de solares y una licencia básica, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas de alquiler de protección oficial (VPO) en la región. Actualmente, se estima que existen terrenos disponibles para la edificación de alrededor de 20.000 viviendas para los años 2027-2028.

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha anunciado que ya se ha identificado una cantidad significativa de solares públicos y privados que están calificados como VPO en áreas estratégicas de Catalunya, como la segunda y tercera corona del área metropolitana de Barcelona y cerca de las capitales de demarcación. Esta iniciativa también busca mejorar la movilidad en estas zonas para garantizar una mejor conectividad.

El Gobierno ha puesto en marcha este proyecto en el marco de la creación de una reserva pública de solares, comprometiéndose a construir 50.000 viviendas públicas hasta el año 2030 con una inversión anual de 1.100 millones de euros. Actualmente, se ha localizado el 40% de los solares necesarios para alcanzar este objetivo, aunque sigue en búsqueda de los terrenos restantes que formarán parte de la reserva pública.

Se ha revelado que la Generalitat está en proceso de negociación con la Sareb para identificar activos disponibles, incluyendo viviendas y terrenos, con el fin de ampliar la disponibilidad de terrenos para la construcción de viviendas. Además, se ha anunciado que se lanzará una convocatoria en febrero de 2025 para que los desarrolladores puedan optar por construir en estos terrenos vy el ICF financiará la construcción con una línea de 500 millones de euros al año.

Con el objetivo de acelerar el proceso de construcción y entrega de viviendas, se implementará una licencia básica que permita a los promotores comenzar con los trabajos mientras se tramita la licencia definitiva, reduciendo así significativamente los tiempos de espera. Además, se establecerá un régimen sancionador para garantizar que se respeten las normas de alquiler en las zonas de mercado tensionado y se crearán incentivos para hacer atractiva la construcción de viviendas.

Como parte de este ambicioso programa, se destinarán 500 millones de euros anuales a ayudas para el alquiler y para las familias vulnerables, así como un fondo público de emancipación que financiará el 20% de los gastos de entrada para jóvenes menores de 35 años que compren un piso de segunda mano. Todo ello en un esfuerzo por promover el acceso a la vivienda y evitar la especulación en el mercado inmobiliario.