En un reciente acto en Barcelona, aproximadamente 25 personas se reunieron para expresar su desacuerdo con la creación de los nuevos tribunales de instancia en Cataluña, convocados por el sindicato Comisiones Obreras. Los asistentes critican que esta medida sea más un esfuerzo superficial que una solución efectiva a la problemática de la justicia en la región.

David Toribio Fernández, coordinador de la Agrupació Justícia de CC.OO., argumentó en una declaración a los medios que, aunque se afirme que los nuevos tribunales mejorarán la velocidad y eficacia del sistema judicial, en realidad no hay nada que respalde esta idea, ya que "no se ha realizado ninguna inversión económica" para lograrlo.

Toribio destacó que lo que se ha implementado son “oficinas macro”, que se encargaran de funciones generales y de ejecución, lo que, en su opinión, terminará creando un sistema que aleja a los ciudadanos de la justicia, comparándolo con un proceso automatizado que carece de la cercanía necesaria.

Desde el sindicato se critica que esta reestructuración no tiene como objetivo aumentar el personal de los juzgados. Se limita a una reorganización sin dotar a los juzgados con los recursos humanos suficientes que permitan una verdadera mejora del servicio.

El coordinador de CC.OO. enfatizó que la sobrecarga de trabajo en los tribunales no disminuirá a menos que se establezcan nuevos juzgados y se asignen nuevos profesionales a estos órganos. "Si no se crean más juzgados y no se complementa con el personal necesario, la carga de trabajo se mantendrá e incluso podría aumentar", advirtió.

Toribio también hizo eco de la situación del personal interino, señalando que en 2022 se iniciaron procesos de estabilización que aún están pendientes, afectando a unas 4.000 personas en una plantilla total de 8.000 en Catalunya.

Los comentarios de Toribio coincidieron con el día de la transformación de 33 partidos judiciales en Cataluña, que pasarán a ser tribunales de instancia. Esta modificación es parte de la Ley Orgánica 1/2025 sobre Eficiencia Judicial y marca la primera fase del nuevo modelo organizativo, en vigor desde el 1 de julio.

Este cambio de estructura se propone como un esfuerzo por ofrecer un servicio público de justicia más efectivo, moderno y accesible para todos los ciudadanos, aunque la implementación enfrenta serias críticas por su riesgo de superficialidad y falta de recursos reales.