Recientemente, el Consell de la República (CdRep) ha tomado la decisión de convocar elecciones anticipadas tras la elección de Carles Puigdemont como nuevo líder de Junts. Este cambio conlleva la renuncia del expresidente de la Generalitat a continuar al frente del órgano independentista, lo que ha motivado un xuyo de reestructuración dentro de la entidad.
En un comunicado emitido este miércoles, los responsables del CdRep informaron que la decisión de adelantar las elecciones fue adoptada el pasado lunes. Como consecuencia de esta medida, todos los miembros de la dirección del órgano han sido cesados, marcando un nuevo rumbo en su organización interna.
El CdRep ha acordado, de manera unánime, la creación de una gestora temporal que asumirá las riendas hasta que el nuevo presidente del consell designe a los restantes miembros de la dirección. Este movimiento busca asegurar “la máxima transparencia y garantía” en el proceso electoral, evitando cualquier sombra de duda sobre la independencia del mismo.
La gestora estará compuesta por el presidente y la secretaria de la Mesa de la asamblea territorial, la presidenta y la secretaria de la Sindicatura, además de dos miembros de la actual dirección. Su función principal será facilitar el traspaso de poderes de manera ordenada y eficaz.
Durante una reunión celebrada el 12 de octubre en Bruselas, los miembros del CdRep pusieron de manifiesto la necesidad de efectuar cambios significativos, lo cual se formalizó en la reunión del lunes posterior a la elección de Puigdemont como líder de Junts. Este había subrayado previamente que no podía simultanear su nuevo cargo con el liderazgo del CdRep.
Ante el nuevo panorama político, los miembros del CdRep reconocen la urgencia de fomentar la unidad y movilización dentro del independentismo. En este contexto, se justifica la necesidad de realizar una auditoría sobre la actividad y gestión del consell, seguir sus recomendaciones de mejora y preparar a la institución para encarar esta nueva etapa.
El anuncio de elecciones anticipadas se produce tras los resultados de una auditoría encargada por el propio CdRep, que reveló que el eurodiputado de Junts y vicepresidente del consell, Toni Comín, habría realizado gastos por valor de 15.530 euros que no cuentan con justificación suficiente. Este informe concluyó que dos partidas de gastos del CdRep no son procesables bajo la normativa belga, destacando en particular cinco pagos relacionados con Comín.
Con el independentismo fragmentado y sin una mayoría clara en el Parlament, el CdRep considera que su papel se torna “más necesario que nunca”. Por ello, pretenden adaptar la función del consell a esta nueva realidad, asegurando que continuarán siendo un referente del movimiento independentista.
Después de las elecciones anticipadas, el CdRep busca blindar su “independencia y transversalidad”, garantizando así a todos los registrados que las decisiones que se tomen se hacen de forma libre, alejada de cualquier agenda partidista.
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