El consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, ha declarado ante el tribunal en Barcelona que la reciente medida para regularizar a los repartidores, comúnmente conocidos como 'riders', no debe interpretarse como una táctica defensiva. Según Pierre, el nuevo enfoque empresarial anunciado en España este lunes es simplemente una coincidencia y no responde a la necesidad de defenderse ante la justicia.

Durante su comparecencia como imputado en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona, Pierre se enfrentó a interrogatorios por parte de su abogado y representantes de la Fiscalía. Sin embargo, se negó a responder a las preguntas formuladas por los abogados del sindicato CGT, que actúa como acusación particular en este caso penal. Esta acción se lleva a cabo tras una investigación de la Fiscalía, que sostiene que Glovo ha podido violar los derechos laborales de sus trabajadores mediante un posible fraude en su contratación, desde denuncias realizadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La audiencia comenzó a las 10:13 y finalizó a las 10:32, durante la cual Pierre defendió su modelo de negocio, sosteniendo que es lícito. Afirmó que la decisión de transformar la relación laboral de los 'riders' tiene como objetivo evitar conflictos con la administración y promover una mayor estabilidad social.

El consejero delegado también hizo hincapié en que han presentado diversas sentencias que respaldan la legalidad de su modelo operativo actual. A pesar de ello, indicó que están dispuestos a hacer cambios para buscar una mayor cooperación y armonía con las autoridades competentes.

Es importante señalar que la comparecencia de Pierre llega tras la declaración de aproximadamente 20 'riders' ante la justicia en los meses previos, en el marco de este caso judicial. El sindicato CGT, que se ha integrado al procedimiento como acusación particular, busca erradicar lo que consideran prácticas abusivas que afectan negativamente la dignidad y los derechos laborales de los trabajadores.

Tras la remuneración de la audiencia, los abogados de CGT, Raül Maillo y Clara Martínez, han comentado que Pierre parece insinuar que han realizado una evolución en su modelo, que en su opinión, ahora se ajusta a las normativas legales que antes pudo haber evadido.

Maillo ha detallado que la defensa del CEO de Glovo tiene por objetivo presentar el nuevo modelo como una mejora respecto a los anteriores estándares y a las primeras inspecciones realizadas, afirmando que ahora cumplen con todas las exigencias legales establecidas.

A preguntas de su defensor, Pierre ha respaldado el comunicado emitido por Glovo el lunes, en el que se anunciaba la regulación de los 'riders' y clarificó que este cambio no se trata de una simple estrategia para protegerse en el ámbito judicial, aunque no ofreció detalles sobre cómo se llevará a cabo dicha regulación.

El abogado del sindicato también ha señalado que cualquier avance hacia la regularización y el reconocimiento de los derechos laborales es, en última instancia, una victoria para los trabajadores afectados. Maillo subrayó que los hechos que se investigan son claros, y que el nuevo modelo representa una forma de reparación, aunque conlleva la necesidad de reconocer previamente las violaciones que implicaron la trayectoria de la empresa.

Por otro lado, el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha expresado su indignación por las dificultades que enfrentan para personarse en la causa y ha denunciado que a ellos se les requiere aportar 20.000 euros para participar en el procedimiento. Álvarez considera que estas imposiciones actúan como obstáculos para que las acusaciones populares puedan hacer frente a lo que él califica como un delito grave contra los derechos de los trabajadores.

Finalmente, la empresa matriz de Glovo, Delivery Hero, ha estimado que la transformación del modelo laboral en su filial española acarreará un impacto financiero significativo, con previsiones de unos 100 millones de euros en términos de resultado bruto de explotación (EBITDA) ajustado para el año fiscal 2025. Además, se prevé que su contingencia general en el informe anual de 2024 aumente notablemente, cubriendo diversas obligaciones como cotizaciones a la seguridad social y multas, hasta alcanzar entre 440 y 770 millones de euros.