BARCELONA, 13 de enero.

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha instado urgentemente al Govern a implementar sanciones ante los incumplimientos de la ley de vivienda en Cataluña, afirmando que esto es fundamental antes de iniciar las negociaciones de los Presupuestos para 2026: "Si tienen prisa, que impongan una sanción".

Estas declaraciones fueron realizadas durante una rueda de prensa en el Parlament, en respuesta a los comentarios de la consellera de Economía y Finanzas, quien expresó su deseo de comenzar cuanto antes las discusiones sobre el nuevo presupuesto.

Albiach señaló que, a casi un año de haber sido establecido el régimen de sanciones, la situación actual es preocupante, ya que no hay noticias de reuniones programadas ni de la imposición de sanciones: "No tenemos fecha de reunión, ni información sobre sanciones", añadió, haciendo referencia a una reunión aún pendiente entre su formación y el Ejecutivo acerca del cumplimiento de acuerdos anteriores.

La presidenta de los Comuns subrayó que no le corresponde a su partido determinar cuándo se puede hablar de Presupuestos, y subrayó que "si tiene prisa, lo que debe hacer es acelerar en este tema y en los compromisos en salud y educación".

En relación a la medida propuesta por el Gobierno para eximir del IRPF a los propietarios que mantengan estables sus precios de alquiler, Albiach no dudó en criticar esta iniciativa. También reprochó a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, quien había afirmado que dicha medida concordaba con las políticas que se están aplicando en Cataluña.

"Lejos de la realidad, estas decisiones anunciadas por Pedro Sánchez son totalmente opuestas a las acciones que estamos promoviendo desde Cataluña", replicó Albiach, enfatizando que muchas de ellas se han originado a partir de su propio partido.

Finalmente, defendió que la prórroga de los alquileres no debería ser vista como un beneficio ni una opción para los propietarios, calificando la propuesta como un "regalo fiscal" a los arrendadores, y advirtiendo que tales medidas pueden, en lugar de solucionar el problema, contribuir a la especulación inmobiliaria.