Propuestas en el Parlament de Catalunya destacan el enfoque de la vivienda como un derecho fundamental, pero dejan de lado a organizaciones que abogan por un enfoque más centrado en el mercado.

BARCELONA, 9 Ene.

Los partidos Comuns y la CUP han tomado la iniciativa este jueves en el Parlament, anunciando su intención de solicitar un pleno monográfico dedicado a la problemática de la vivienda. Junto con esta solicitud, proponen la creación de una comisión de estudio que incluya expertos y miembros de organizaciones que defienden el derecho a la vivienda, mientras que, curiosamente, han excluido a entidades que consideran que este derecho debería ser visto como una mera transacción comercial dentro del mercado.

Durante una rueda de prensa organizada en el Parlament, las diputadas Susana Segovia (Comuns) y Laure Vega (CUP) hicieron un llamado para que la primera Junta de Portavoces del año dé prioridad a este asunto y se acuerde que el pleno se celebre en febrero. Segovia enfatizó la necesidad de “mantener un debate serio, firme y sereno sobre la crisis de vivienda” que actualmente atraviesa Catalunya.

Vega, a pesar de reconocer el escepticismo hacia estos mecanismos parlamentarios, abogó por la iniciativa, instando a abandonar la noción de que no existen alternativas al modelo de vivienda vigente. Su postura resalta un deseo de innovar en el enfoque legislativo respecto a este tema.

De acuerdo con el procedimiento del Parlament, el pleno monográfico puede ser convocado por el presidente a iniciativa propia o si al menos dos grupos parlamentarios lo piden. La Junta de Portavoces será la encargada de establecer la fecha para la celebración de esta reunión.

Segovia comentó que sería “perfectamente posible” colaborar con otros grupos dentro de la Cámara, especialmente ERC, para elaborar resoluciones conjuntas acerca de temas críticos como el alquiler de temporada y el régimen sancionador relacionado con la ley de vivienda catalana.

Por su parte, Vega expresó su deseo de que este espacio sirva para debatir y encontrar las mejores propuestas legislativas. Sin embargo, enfatizó que no es suficiente con proponer ideas que han demostrado no ser efectivas en el pasado.

En relación con la comisión de estudio, ambas diputadas propusieron invitar a técnicos, expertos y militantes de organizaciones que defienden el derecho a la vivienda, descartando la participación de aquellos que “trabajan para que este no sea un derecho, sino que simplemente sea un negocio dentro del mercado”, como afirmó Vega con vehemencia.

Aunque aún no tienen un listado concreto de participantes, consideran que esta comisión sería una “guía para que el Govern haga frente a esta emergencia”. Estiman que su duración será de un año.

Para que la creación de esta comisión sea efectiva, deberá ser aprobada por mayoría en el Pleno del Parlament. Las diputadas esperan que todos los grupos parlamentarios respalden esta propuesta desde ahora en adelante.

En cuanto a la relación de estas iniciativas con los progresos de los Comuns en la negociación de los Presupuestos con el Govern, Segovia sostuvo que estos son un indicativo clave del avance en el cumplimiento del pacto de investidura establecido por Salvador Illa. Además, resaltó que presentarán otras propuestas durante el pleno, que se desarrollarán a lo largo de la legislatura.

Vega, por otro lado, dejó claro que no han sido contactados nuevamente para discutir las cuentas, aunque están dispuestos a abrir un diálogo si se les propone. No obstante, destacó que existen “muchísimas formas legislativas” que se pueden explorar sin depender de los Presupuestos.

En relación con un caso de ocupación en Girona sobre el que se ha hablado públicamente, Vega argumentó que la ley ya establece medidas para abordar violaciones a la propiedad y compensaciones por daños. Además, sostuvo que el enfoque en este caso particular no debería desencadenar “modificaciones legales”, insistiendo en que es fundamental pensar en cómo legislar para el país en su conjunto y no solo para situaciones individuales.

Segovia, a su vez, apuntó que el verdadero problema radica en la saturación de los juzgados y la lentitud de los procesos judiciales, lo que dificulta una respuesta adecuada y ágil a las situaciones que enfrentan las personas afectadas.