El pasado 25 de febrero, en Barcelona, el dirigente de Vox en el consistorio, Gonzalo de Oro, anunció su intención de presentar una propuesta durante la sesión plenaria de este viernes, con el objetivo de erradicar lo que él califica de "impunidad de las puertas giratorias". Esta iniciativa se centra en la situación laboral de antiguos concejales que, tras dejar su cargo, se integran en organizaciones que reciben subvenciones del Ayuntamiento.

Durante una conferencia de prensa celebrada el miércoles, de Oro brindó un ejemplo concreto: la reciente salida de Janet Sanz, quien prontamente se unió a una entidad financiada por el consistorio. El dirigente denunció que estas prácticas permiten que los exconcejales monten "chiringuitos" durante su gestión y, posteriormente, sean premiados con puestos en estas organizaciones una vez que han dejado la política.

La propuesta de Vox se estructura en cinco medidas concretas, destinadas a asegurar que los cargos públicos no utilicen su posición como un medio para lograr beneficios personales en el futuro. Entre las medidas, destaca la creación de una auditoría ética que revele conexiones entre exconcejales y entidades que recibieron fondos durante su mandato. Además, se dictará un plazo de cinco años durante el cual no podrán desempeñarse en el sector privado en relación con sus funciones públicas.

Asimismo, se exigirá que todos los exconcejales mantengan una transparencia postcargo, informando sobre su actividad durante los cinco años posteriores a su salida del mandato. También se implementará un control riguroso sobre la participación de estos exfuncionarios en medios de comunicación que se benefician de subvenciones. Finalmente, de Oro señaló que esta propuesta debería ser adoptada a nivel nacional, instando al Congreso a transformar esta iniciativa en ley para toda España.

En su intervención, de Oro también criticó al alcalde Jaume Collboni, instándolo a dejar de “vender ilusiones” respecto al acceso a la vivienda. Aseguró que durante su gestión, la oferta de viviendas ha disminuido más del 50%. Asimismo, extendió su rechazo a la regulación de inmigrantes que impulsa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmando su postura en defensa de una política más restrictiva sobre estos asuntos.