En el contexto político actual de Barcelona, el director general de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, Joan Delort, ha revelado que fue objeto de críticas antes de iniciar su labor en el Ayuntamiento, cuando estaba bajo la alcaldía de Xavier Trias. Algunos de sus detractores lo tildaban de "sociata infiltrado", un término despectivo que refleja la polarización en el ámbito político local.

En una entrevista reciente concedida a 'Ara' y difundida por Europa Press, Delort fue consultado sobre cómo ha mantenido su posición en diferentes administraciones a lo largo de los años. Su respuesta fue clara: ha logrado continuar su carrera “no perteneciendo a ninguna formación política”. Este enfoque independiente ha sido considerado por él como un medio para navegar en un entorno político cambiante y a menudo hostil hacia quienes mantienen lealtades políticas.

Delort ha subrayado la importancia de su experiencia y conocimientos adquiridos durante cuatro décadas en el sector público, lo que considera un activo valioso en su vida profesional. De hecho, ha anunciado su inminente jubilación, un paso que marca el cierre de una larga trayectoria dedicada al servicio público.

Cuando se le inquirió acerca de su ideología política, Delort reiteró su creencia en la socialdemocracia, tanto en esferas gubernamentales como en el mundo empresarial. Según sus palabras, es esencial que las empresas sean funcionales y que los empresarios generen ganancias, ya que esto facilita la creación de empleos, un principio que resuena con los valores del desarrollo económico sostenible.

El director general también expresó su preocupación por varios problemas sociales apremiantes, especialmente en relación con el acceso a la vivienda. Advirtió que la situación actual implica que, dependiendo de los ingresos, tanto la compra como el alquiler de un piso se están convirtiendo en un verdadero desafío. En este contexto, defendió la necesidad de que los poderes públicos intervengan en el mercado, aunque subrayó que tal intervención no debe perjudicar a los propietarios, lo cual plantea un delicado equilibrio en la política de vivienda.