BARCELONA, 24 de enero.

La Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial ha comenzado a transformarse en realidad en Barcelona, trayendo consigo cambios significativos en la justicia, tanto a nivel organizativo como en las áreas tributaria, laboral, mercantil y civil. Sin embargo, la implementación ha puesto de manifiesto dos aspectos contradictorios: el compromiso institucional y la carencia de personal en el sector.

Durante una rueda de prensa, el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, junto a la presidenta del Tribunal de Instancia de Barcelona, Cristina Ferrando, ha destacado la necesidad apremiante de realizar reformas en el sistema judicial. Espadaler enfatizó lo esencial de contar con recursos adecuados y el tiempo requerido para una correcta implantación, incluyendo formación para los profesionales del sector, y celebró la colaboración establecida entre diversas instituciones, colegios profesionales y sindicatos locales.

La aplicación de esta nueva ley se ha llevado a cabo en fases, iniciando el 1 de julio de 2025 con 33 partidos judiciales que involucran juzgados de primera instancia e instrucción, así como tribunales especializados en violencia de género. La segunda fase comenzó el 1 de octubre con la inclusión de dos juzgados en Badalona y L'Hospitalet de Llobregat, y la más crucial de estas fases se llevó a cabo el 31 de diciembre, afectando a 14 partidos que abarcan el 71,8% de la actividad judicial en Catalunya.

Esta última fase se ocupa de un amplio espectro de juzgados y, en particular, del partido judicial de Barcelona, que representa el 35% de la carga judicial en Cataluña, lo que ha presentado desafíos significativos en la ejecución de una reforma de tal magnitud, según comentó Ferrando. La continuidad de los mismos jueces y asuntos, junto a las bajas y jubilaciones en el cuerpo de funcionarios, ha añadido una complejidad adicional a la ya complicada situación.

Precisamente, los datos revelan que un total de 7.543 funcionarios han sido afectados por la implementación de la nueva ley a lo largo de sus tres fases, con más de 5.437 de ellos en la tercera etapa. En particular, 2.800 de esos funcionarios están asignados a la Ciutat de la Justicia de Barcelona, lo que ha significado un "movimiento masivo" del personal, según Ferrando. La situación se complica más, dado que alrededor del 80% de los empleados continúa en funciones similares a las anteriores, mientras que solo el 20% ha optado por otros roles, dejando a algunas secciones con escaso personal experimentado, aunque el departamento está en busca de soluciones para paliar esta problemática.

En términos de vacantes, la provincia de Barcelona enfrenta un déficit considerable, con cerca de 200 puestos sin cubrir al inicio de la tercera fase. No obstante, el 15 de enero se incorporaron 77 nuevos funcionarios, y se prevé la toma de posesión de 107 más en febrero, aunque el problema persiste en la región que incluye otros siete partidos judiciales.

Actualmente, ya operan los tribunales de instancia en las secciones contencioso-administrativa y mercantil, que están trabajando de manera coordinada para implementar la nueva estructura judicial, apuntando a poner a prueba esta "nueva filosofía", según Ferrando. La siguiente especialidad en integrar estos cambios será la de familia, que ya ha presentado ciertos inconvenientes técnicos relacionados con el acceso a los expedientes, los cuales están siendo atendidos con apoyo del departamento de Justicia, seguido de la implementación en las jurisdicciones civil, social y finalmente penal.

Este amplio proceso de reforma ha requerido adaptar los espacios judiciales, así como actualizar el equipamiento y la infraestructura necesarios para los nuevos servicios. En total, se han renovado más de 1.600 metros cuadrados para crear ambientes más funcionales, se han instalado más de 2.000 nuevas señalizaciones y se han reorganizado 53 kilómetros de documentación en papel.

La modernización también ha incluido innovaciones tecnológicas, como la instalación de computadoras y estaciones de trabajo, y la eliminación de una considerable cantidad de papel, con más de 344.000 kilos destruidos, lo que supone un aumento del 28.3% en comparación con el año anterior. Además, se han llevado a cabo múltiples actividades formativas, con más de 9.400 asistentes a seminarios y jornadas acerca de las novedades de la nueva ley.

Aunque todavía es prematuro emitir un juicio definitivo sobre el impacto de estas reformas, Espadaler ha indicado que se ha observado un ligero descenso en la productividad durante la fase de implementación que, no obstante, se recupera rápidamente, y que incluso podría aumentar en el futuro. A pesar de los obstáculos, ha subrayado la determinación del departamento de evitar que los ciudadanos sufran las repercusiones de estos cambios, lo que, según él, se ha logrado con éxito: “La Justicia no se ha detenido en medio de todo este proceso”.