En Barcelona, el día 9 de mayo, todos los partidos que participan en las elecciones catalanas del 12 de mayo coinciden en la importancia de aumentar la disponibilidad de viviendas en la próxima legislatura, aunque divergen en los enfoques para lograrlo.
Algunos partidos establecen metas específicas de vivienda para la próxima legislatura; otros abogan por colaborar con el sector privado, mientras que algunas candidaturas defienden expropiaciones; hay programas que se enfocan en combatir la ocupación ilegal, y otros proponen la creación de un conseller de Vivienda o una inmobiliaria pública.
El PSC propone incrementar el número de viviendas públicas en 4.000 anuales; lanzar un 'Plan Renove' de Catalunya para mejorar viviendas con más de 50 años de antigüedad; y añadir de 140.000 a 200.000 pisos al parque de vivienda protegida en los próximos 7 años.
Además, los socialistas consideran fundamental promover la colaboración con el sector privado y el tercer sector para la promoción de viviendas asequibles y sociales.
Por su parte, ERC propone destinar "como mínimo" 1.000 millones de euros al año a políticas de vivienda, y aumentar el número de viviendas de alquiler asequible en Catalunya en 10.000 unidades cada año.
En términos legislativos, abogan por la aprobación de una ley catalana de arrendamientos urbanos y regular los contratos de alquiler.
El programa de Junts+ plantea la realización de una auditoría pública de necesidades de vivienda; establecer un plan a corto y largo plazo en colaboración con los actores pertinentes; revisar la normativa de urbanismo, y agilizar los trámites de licencias de edificación y rehabilitación.
También proponen reclamar la transferencia de las 3.000 viviendas de la Sareb en Catalunya para ampliar el stock de viviendas de alquiler asequible, y combatir la ocupación ilegal problemática.
Vox busca incrementar el número de viviendas sociales mediante asociaciones público-privadas; reducir impuestos que encarecen los inmuebles; y fomentar el alquiler de viviendas vacías, aumentando los beneficios fiscales para los arrendadores.
Hacen hincapié en combatir la ocupación ilegal "desalojando a los okupas inmediatamente y persiguiendo a las mafias de la ocupación".
La CUP sugiere un plan para movilizar 400.000 viviendas vacías y destinarlas a jóvenes menores de 35 años, además de expropiar 35.000 pisos de grandes propietarios.
Además, proponen una ley catalana para regular los alquileres y la creación de una Conselleria de la Vivienda con un presupuesto del 1,5% del PIB catalán.
Los Comuns Sumar proponen aumentar el número de viviendas públicas en 15.000 nuevos pisos de alquiler social en la próxima legislatura, destinando al menos 350 millones de euros para expandir el parque público en 5.000 inmuebles.
Consideran necesario construir 10.000 viviendas a través de la promoción directa del Institut Català del Sòl de la Generalitat (Incasòl), así como establecer una inmobiliaria pública.
Cs promete crear una oferta de viviendas más amplia; que el 15% del mercado inmobiliario sea de titularidad pública, y asignar 1.000 millones de euros anuales a la construcción de vivienda social.
Abogan por un pacto catalán por el derecho a la vivienda entre partidos, administraciones públicas, agentes sociales, promotores y cooperativas, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y atraer inversores sociales.
El PP se compromete a construir 50.000 viviendas públicas en terrenos públicos en los próximos 4 años para facilitar la independencia de los jóvenes, además de ofrecer exenciones fiscales de hasta 3.000 euros para aquellos propietarios que alquilen viviendas a jóvenes menores de 30 años.
También consideran esencial que la Generalitat avale el 15% inicial de las hipotecas, y abogan por reformas legislativas que permitan desalojar a los 'okupas' en un plazo de 24 horas.
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