• domingo 27 de noviembre del 2022

El Abogado general del TJUE da la razón a Llarena en frente de Bélgica y abre el sendero para la distribución de Puigdemont

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BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)

El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha considerado este jueves que la Justicia belga no puede negar la distribución de los imputados por el 'Procés' reclamados por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont, basándose en el peligro de que se violen sus derechos escenciales si no revela deficiencias sistémicas y extendidas en España, ni puede poner en duda las competencias del Supremo como autoridad para producir semejantes euroórdenes.

La opinión del Abogado General no es vinculante para el TJUE pero en la enorme mayoría de las situaciones las sentencias dictadas por la Justicia europea prosiguen la línea marcada por estos dictámenes.

Llarena asistió a la Justicia europea para aclarar tanto la llegada de la emisión de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE) emitidas por el Tribunal Supremo contra múltiples imputados por su papel en el 'Procés', entre ellos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, como las causas para denegar la ejecución de semejantes euroórdenes.

El magistrado del Tribunal Supremo dirigió la cuestión prejudicial al TJUE en el mes de marzo de 2021 una vez que la Justicia belga rechazara dar a las autoridades españolas al exconseller Lluis Puig, al estimar que el tribunal competente para reclamar su extradición habría de ser el TSJC y que de ser entregado en España podrían ponerse bajo riesgo derechos escenciales como la presunción de inocencia.

El Abogado europeo recuerda en su dictamen el "principio de seguridad recíproca" entre los Estados integrante que prima en materia judicial y lo protege como un factor "de relevancia capital" que debe aplicarse absolutamente para resguardar el espacio sin fronteras en la UE y facilitar la cooperación judicial para "combatir contra la impunidad".

Por este motivo, añade en sus conclusiones, esperar que la autoridad judicial de ejecución verifique en hondura la presencia de un peligro para los derechos escenciales del solicitado sin que existan "deficiencias sistémicas o extendidas" en el sistema judicial desde el que se dicta la euroorden "no sería sino más bien la expresión de una desconfianza

contraria" de las reglas de la UE sobre euroórdenes.

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