El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado de manera contundente que "no será necesario crear nuevos juzgados" para gestionar la nueva carga de trabajo que se derivará de la próxima entrada en vigor de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Esta ley fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 3 de enero y busca adaptar las estructuras judiciales a las nuevas demandas legales.

En una comparecencia ante los medios en Barcelona, donde realizó una visita a la Ciutat de la Justícia junto al conseller de Justicia de la Generalitat, Ramón Espadaler, Bolaños detalló cómo el Gobierno está trabajando en la modificación de un Real Decreto específico. Esta acción surge como respuesta a la preocupación de los magistrados sobre la posible sobrecarga que enfrentan los juzgados de violencia de género, que comenzarán a asumir competencias adicionales en casos de violencia sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso, especialmente cuando la víctima sea una mujer.

Ante la inminente entrada en vigor de la ley dentro de tres meses y la proyección de que, de forma gradual, en un plazo de nueve meses los citados juzgados asuman estas nuevas competencias, se ha generado inquietud en el ámbito judicial. Sin embargo, Bolaños manifestó confianza, subrayando que el aumento de la carga de trabajo esperado es de aproximadamente un 20%, aunque se han previsto márgenes temporales adecuados para que el sistema judicial se adapte a esta nueva realidad.

El ministro informó que, en lugar de crear nuevos juzgados, se transformarán algunos juzgados de instrucción en secciones específicas para abordar la violencia de género, al mismo tiempo que se ampliarán los recursos disponibles para gestionar la carga adicional. Este enfoque permitirá una mayor flexibilidad y eficiencia en la gestión de los casos relacionados con la violencia de género.

Bolaños destacó que, a través de una adecuada reestructuración de los tribunales de instancia, se podrán asignar entre cuatro a seis jueces magistrados a estas secciones especializadas, lo que resultará en un costo significativamente menor comparado con la creación de un nuevo juzgado, que rondaría los 400.000 euros. En contraposición, el costo de asignación de magistrados a las nuevas secciones sería inferior a 100.000 euros.

Con estos cambios legislativos, el Gobierno aspira a alinearse con los estándares internacionales más avanzados en la lucha contra la violencia de género, tal como lo establece el Convenio de Estambul. Bolaños reafirmó el compromiso del Ejecutivo de garantizar la eficacia y la justicia para todas las mujeres afectadas por estas problemáticas, asegurando que estos cambios son necesarios para modernizar y fortalecer el sistema judicial español.