En una decisión que ha generado un notable revuelo en el ámbito legal y social, el Govern de la Generalitat ha acordado incrementar en 8 millones de euros la dotación destinada al turno de oficio, elevando así el presupuesto de 64 millones a 72 millones. Este aumento, que representa un 13%, busca mejorar las condiciones de asistencia jurídica gratuita en Cataluña.

El anuncio fue realizado por el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, durante una conferencia de prensa celebrada en la Conselleria de Justicia. En esta ocasión, estuvo acompañado por la presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac), Marta Martínez, y varios decanos de colegios de abogados de la región, como Jesús M. Sánchez, del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab).

El incremento presupuestario permitirá ofrecer asistencia jurídica gratuita a tres nuevos grupos vulnerables: menores de edad que han sido víctimas de violencia sexual y que son atendidos en Barnahus, mujeres que se encuentran en centros penitenciarios y han sido víctimas de violencia machista, un colectivo que el propio Espadaler ha descrito como "vulnerable entre los vulnerables", y personas físicas que deseen iniciar un procedimiento de segunda oportunidad.

Este acuerdo nace a raíz de una solicitud del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Apenas dos semanas después de asumir su cargo, Illa instó a los consellers a definir una hoja de ruta para sus departamentos, enfatizando la importancia de que los servicios públicos estén al frente del Govern y de que se garantice un funcionamiento adecuado de la justicia para proteger los derechos de los ciudadanos.

Según Espadaler, este pacto significa un avance significativo tras 15 años de estancamiento en las negociaciones entre el Govern y el Cicac. No obstante, la presidenta Marta Martínez ha señalado que, si bien la suma de 8 millones es un avance importante, todavía queda un largo camino por recorrer, ya que se estima que se requieren 23 millones adicionales para atender todas las necesidades identificadas en el turno de oficio.

El conseller ha descrito este aumento como "una obra de orfebrería", subrayando que la distribución del dinero no será lineal, sino que se repartirá según las distintas necesidades. La presidenta del Cicac ha puntualizado que esta distribución variará desde un incremento de solo el 2% en algunas guardias, que podría pasar desapercibido, hasta un 25% en aquellos casos que requieren recursos en segunda instancia.

Además, el acuerdo también aborda algunas demandas históricas de los colegios de abogados, como el pago por las guardias en las que los abogados deben estar localizables, pero no son activados. En el futuro, por cada una de estas guardias, se abonará la cantidad de 50 euros diarios, una medida que beneficiará a territorios con partidos judiciales pequeños como Vilanova i la Geltrú, Tortosa o Reus.

Este acuerdo de asistencias jurídicas dará inicio el 1 de enero de 2025, gracias a un proceso de "diálogo, sin apriorismos y con lealtad" entre diversos actores institucionales y profesionales, tal como ha indicado Espadaler. El departamento de Justicia tiene la intención de seguir ampliando esta asignación presupuestaria, incluyendo a más colectivos vulnerables detectados en el futuro, con el objetivo de garantizar que nadie quede al margen del acceso a la justicia.

Espadaler ha definido este acuerdo como una "actitud de justicia" tanto hacia los abogados del turno de oficio como hacia los colectivos vulnerables que se beneficiarán de esta asistencia. Por su parte, el decano del Icab, Jesús M. Sánchez, ha calificado el acuerdo de "histórico", recordando que hace un año y medio los representantes de los abogados habían comenzado a dirigirse al Parlament para solicitar mejoras, encontrando en Salvador Illa un interlocutor dispuesto a escuchar.

Sánchez también ha mencionado que Illa se comprometió a impulsar un acuerdo económico si resultaba vencedor en las elecciones, promesa que finalmente se ha concretado con el pacto alcanzado este lunes. “Uno no está acostumbrado a que un representante político cumpla sus promesas”, ha declarado el decano, resaltando la importancia de este logro.

Por último, este lunes, Espadaler y la presidenta del Cicac firmaron un convenio que, anunciado el pasado 5 de noviembre, representa un aumento del 30% en la partida destinada a fomentar el uso del catalán en el turno de oficio, pasando de 350.578 euros actuales a 455.578 euros. Este incremento de 105.000 euros responde a la creciente cantidad de abogados que se adscriben a este programa, quienes recibirán un complemento de 25 euros por cada actuación en catalán bajo el marco de la asistencia jurídica gratuita.