El Govern de Cataluña ha anunciado su ambicioso plan legislativo para el próximo año, con la intención de aprobar o tramitar un total de 134 iniciativas, al tiempo que se propone eliminar unas 4.000 normativas que considera "obsoletas". Este esfuerzo responde a los compromisos adquiridos con ERC y Comuns durante la investidura del actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Conforme a lo revelado en el Plan Normativo 2025, el ejecutivo catalán tiene como objetivo llevar al Parlament la convalidación de aproximadamente el 45% de las medidas acordadas con sus socios de gobierno durante el año 2025. Este enfoque se presenta como un paso fundamental para la actual legislatura y su éxito, que, según las proyecciones del Govern, podría incluso alcanzar entre un 70% y un 80% de cumplimiento para finales de 2026.

El desglose de las iniciativas legislativas es notable: el Govern se compromete a aprobar 16 anteproyectos de ley y 31 anteproyectos de decreto, además de tramitar 30 anteproyectos de ley y 57 anteproyectos de decreto. Esta lista, según el Govern, se alinea con las cinco prioridades que rigen el Pla de Govern, donde destacan el buen gobierno, la seguridad, la mejora de los servicios públicos y la promoción de la equidad social, el feminismo y el bienestar social.

Una de las medidas más radicales incluidas en este plan es la derogación de 4.000 normas que ya han sido desplazadas por regulaciones más recientes. La razón detrás de esta acción es clara: se busca evitar lo que el Govern denomina "hiperregulación" y la duplicación de normativas que solo sirven para entorpecer el funcionamiento administrativo y legal.

Este plan normativo es presentado por el ejecutivo como una herramienta que garante el "rigor jurídico" y añade una capa de transparencia que fomenta la participación ciudadana en los procesos legislativos. Según el Govern, esto no solo beneficiará a la administración, sino que también permitirá a los ciudadanos entender mejor las condiciones en las que se desarrollan las políticas públicas.

Dentro de las 134 normas proyectadas, el gobierno catalán ha señalado 30 que serán consideradas "transformadoras" en el contexto del Pla de Govern. Entre ellas se encuentran anteproyectos de ley que versan sobre la prevención y gestión de residuos, mecenazgo, la universalización del ciclo inicial de educación infantil, la ocupación pública, y la regulación de los gobiernos locales, así como la financiación local y medidas contra el racismo.

Adicionalmente, se destacan diversos proyectos de decreto que buscan la homologación de los planes de protección civil en los municipios, la atención pública en salud bucodental, el reconocimiento del grado de discapacidad y gestión de la dependencia, así como la orientación educativa y la reestructuración del sistema universitario catalán y de la formación profesional.