Es el segundo cambio de fecha tras la recusación de Barrientos

BARCELONA, 7 Jul.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) juzgará por presunta desobediencia a los integrantes de la Mesa del Parlament que encabezaba el en este momento conseller Roger Torrent del 5 al 7 de octubre, tras mudar por segunda vez la fecha del juicio.

En una diligencia consultada por Europa Press, el tribunal cambia nuevamente la fecha --en este momento se encontraba pensado para los días 26, 27 y 28 de octubre-- por el hecho de que el letrado Jordi Pina, que protege al secretario para la Administración de Justicia, Eusebi Campdepadrós, ahora tenía otro juicio pensado para esos días.

El juicio se va a hacer con sesiones de mañana y tarde que comenzarán a las diez horas en la salón de vistas del TSJC.

Este juicio se encontraba sosprechado desde el martes 12 de julio pero ahora se postergó al progresar la recusación del magistrado y presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, que quedó apartado de la causa.

En otra diligencia, el TSJC ha designado a la juez Maria Eugènia Alegret para enseñar el hecho de recusación contra Barrientos, que ha prosperado, y contra el magistrado Carlos Ramos, que va a deber enseñar un informe sobre si admite o no las causas de recusación que ha expuesto el exvicepresidente del Parlament Josep Costa.

El tribunal estimó la recusación que presentó Costa, asimismo encausado, contra Barrientos, explicando que no era un juez ecuánime.

El TSJC aceptó la solicitud por la reacción de Barrientos en el transcurso de un acto por la celebración de Sant Raimon de Penyafort en 2018, en el que Torrent denunció "la presencia de presos políticos acusados por delitos inexistentes de rebelión y sedición": el presidente del tribunal, como otras autoridades, salió de la salón.

Torrent se encara a una solicitud como condena por la parte de la Fiscalía a un año y ocho meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros por presunta desobediencia en el momento en que encabezaba la Mesa del Parlament en 2019.

El Ministerio Público demanda exactamente la misma condena para el exsecretario primero de la Mesa Eusebi Campdepadrós y el exvicepresidente primero Josep Costa, y para la entonces asesora cuarta de la Cámara, Adriana Delgado, solicita 16 meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.

Según la Fiscalía, los integrantes independentistas de la Mesa que encabezaba Torrent gestionaron proposiciones de resolución en teoría sabiendo que suponían desoír múltiples coches y sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que previamente ahora habían anulado resoluciones del Parlament similares con el desarrollo independentista y el derecho autodeterminación, y otras que reprobaban al Rey.