• jueves 01 de diciembre del 2022

El Parlament acredita el decreto de las VTC que regulará su servicio desde el 30 de septiembre

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Las VTC van a deber llevar por lo menos un año domiciliadas en Cataluña y no van a poder circular en pos de clientes del servicio

El Parlamento catalán ha avalado este miércoles el decreto ley de las VTC del Govern que regula las condiciones en las que estos automóviles van a poder prestar servicios en Cataluña desde el 30 de septiembre, en el momento en que expira el decreto del Gobierno por el que se regían hasta la actualidad.

El PSC-Units, ERC, Junts, CUP y comuns han votado a favor y Vox, Cs y PP han votado en contra: la aprobación del decreto ley fué festejada por representantes del campo del taxi que siguió el enfrentamiento desde la tribuna del público del hemiciclo.

La regulación prohíbe que los conductores de las VTC circulen por la calle en pos de clientes del servicio y ordena a que transcurran un mínimo de 15 minutos entre la contratación y el servicio, que solo van a poder prestar turismos de 4,9 metros.

Las VTC van a deber llevar un año por lo menos domiciliadas en Cataluña para recibir autorización, que concederán los municipios y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), y deberán tener un seguro de hasta 50 millones de euros por probables daños --como los taxistas--.

Los automóviles nuevos deberán tener un propio ecológico ECO o 0, y se impondrán multas de hasta 6.000 euros a quienes trabajen sin autorización y de hasta 4.000 a los que circulen para capturar clientes del servicio o los recojan sin reserva anterior.

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Políticas Digitales, Jordi Puigneró, ha asegurado que era una "compromiso política" intervenir frente al fin de la vigencia del decreto del Gobierno, sin el que las VTC no podrían operar en Cataluña.

Según ha destacado, hablamos de una regulación temporal, con una vigencia de un par de años prorrogables por 2 mucho más, esperando de las resoluciones que tomen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y del Tribunal Supremo (TS) en casos atentos sobre las VTC.

El decreto ley busca asegurar la "convivencia pacífica" mientras que no se aclare el ámbito legal definitivo, explicó Puigneró, que ha asegurado que hablamos de un artículo extensamente consensuado con los conjuntos y con el ámbito.

No obstante, ha advertido de que la meta final del Govern es regular las VTC, taxi y servicios de movilidad para hasta 9 usuarios con una ley marco, una vez se cierren judicialmente los flecos atentos sobre el marco normativo de los servicios que en este momento regulará el decreto ley.

A FAVOR DEL DECRETO

El socialista Jordi Terrades ha defendido que el decreto recopila una "iniciativa balanceada que deja la actividad VTC pero que ajuste su oferta y evite intrusismos en el campo del taxi", y llama a cumplir el período de 4 años para tener una exclusiva ley para emprender las problemáticas y modernización del campo.

El republicano José Rodríguez ha recordado que ERC solicitaba que el decreto cumpliese tres condiciones, como son resguardar al ámbito del taxi, que dejara la actividad VTC urbana pero regulada, y que no hubiese rivalidad desleal, con lo que ha festejado que se contemplen tras "hallar que se fuera encarrilando en la negociación".

La miembro del congreso de los diputados 'cupaire' Eulàlia Reguant ha asegurado que el decreto ley es una victoria de la organización sindical y ha pedido no olvidar que el modelo empresarial de las VTC "lo que hace es depredar el campo del taxi", con lo que ha pedido ir mucho más allí en su defensa.

Desde los comuns, Marc Parés ha sostenido que la irrupción de las VTC trajo una situación de rivalidad desleal, en sus expresiones, y que si bien el decreto no cumple sus esperanzas, piensan que es buen artículo y aguardan poder trabajar en una exclusiva legislación que deje que los taxistas logren proseguir prestando un servicio público.

El diputado de Junts David Saldoni ha insistido en la necesidad de este decreto para distinguir entre 2 servicios --el taxi y el VTC-- y protege que con la novedosa autorización los automóviles VTC tienen que cumplir unas condiciones para prestar el servicio público: "El tema es distinguir los 2 servicios, charlamos de coexistencia entre los dos".

CONTRA EL DECRETO

Sergio Macián (Vox) ha criticado a la Generalitat pues "en 4 años no haya sido con la capacidad de enseñar un emprendimiento de ley sobre este tema, y en este momento lo realiza con prisa", acusa al Govern de abusar de la figura del decreto ley, y cree que tanto taxis como VTC tienen la posibilidad de convivir pues hay mercado para los dos, según él.

Marina Bravo (Cs) ha asegurado que el decreto "no está planeado en a ciudadanía y que en vez de solucionar el inconveniente lo enquista y crea otros", aparte de estimar que no deja que los ciudadanos logren seleccionar con independencia entre distintas opciones, en sus expresiones.

Por el PP, Alejandro Fernández, ha advertido de que el decreto infringe las sugerencias de la Comisión Europea, rompe el principio de defensa del cliente, y hace inseguridad jurídica, y ha sobre aviso al ámbito del taxi: "Hay conjuntos que votan favorablemente al decreto que en el momento en que no están presentes ustedes comentan que hay que echarles de las ciudades para sustituirles por patinetes y bicicletas".

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