El Parlament ha aprobado este miércoles el proyecto de ley de la comunicación audiovisual de Catalunya del Gobierno, tras rechazarse la enmienda a la totalidad presentada por Vox. El resto de grupos han votado en contra y Ciudadanos y el Partido Popular se han abstenido.
El objetivo de esta nueva normativa es adaptar el sector audiovisual a los cambios de los últimos años, debido a la convergencia entre la radio y televisión tradicionales y los servicios en línea. Entre las medidas propuestas se encuentran sanciones de hasta 1 millón de euros para aquellos que inciten a la violencia o justifiquen la violencia machista.
También se considerará grave el incumplimiento de medidas en cuanto a contenidos que puedan afectar negativamente al desarrollo físico, mental o moral de los niños y adolescentes. Además, se exigirá que al menos un 51% de las obras europeas emitidas por radios y televisiones sean en catalán o aranés, y que las plataformas de streaming tengan al menos un 31% de su catálogo en catalán o aranés.
La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha destacado que esta ley busca fortalecer el sector audiovisual y la lengua catalana. Sin embargo, el diputado de Vox, Alberto Tarradas, ha criticado la normativa, afirmando que busca imponer el uso obligatorio del catalán en todos los medios de comunicación.
Por su parte, el diputado del Partido Socialista, David Pérez, considera necesaria esta ley al promover un nuevo modelo libre de violencia y estereotipos de género, además de fomentar el uso de los idiomas oficiales. Desde Junts, el diputado Francesc Ten también argumenta la necesidad de contar con una ley adaptada a la realidad actual y defensora del catalán.
La diputada de la CUP, Dolors Sabater, ha pedido debatir el contenido de la ley en una ponencia para abordar cuestiones como el cambio en la gobernanza de los medios locales y una mayor protección de la lengua. Por su parte, la diputada de En Comú Podem, Susanna Segovia, considera que el proyecto inicial es poco ambicioso y que se necesitarán acuerdos con otros grupos para mejorarlo.
Por otro lado, la diputada de Ciudadanos, Anna Grau, se opone al cierre de TV3 y espera que la nueva ley evite abusos. Desde el Partido Popular, Lorena Roldán ha cuestionado la competencia y aplicación de la normativa, y ha advertido del riesgo de que empresas como Filmin abandonen Catalunya. Finalmente, la diputada de ERC, Raquel Sans, ha llamado al trabajo conjunto para lograr la mejor ley posible.