En un reciente pleno del Parlament, se ha dado luz verde a la tramitación de dos propuestas de ley impulsadas por los partidos ERC y Comuns. Estas iniciativas tienen como objetivo revisar el régimen fiscal singular que se había aprobado para promover el proyecto de Hard Rock, así como modificar la normativa relacionada con los centros recreativos turísticos y establecer nuevas obligaciones en materia de tributación, comercio y juego.

La aprobación de estas proposiciones se realizó mediante un procedimiento de lectura única y contó con el respaldo de los partidos PSC-Units, ERC, Comuns y CUP. En contraposición, los partidos Junts, PP, Vox y Aliança Catalana (AC) manifestaron su oposición al proyecto.

Entre los propósitos de ambas iniciativas se encuentra la intención de mantener los impuestos vigentes sobre el juego, que actualmente se sitúan en un 55% para los casinos con mayor volumen de negocio. Además, se busca anular la rebaja fiscal del 10% que se había acordado en 2014, la cual estaba destinada a entrar en vigor con el inicio de las actividades de juego y apuestas en Hard Rock, que se establecerá en las localidades de Vila-Seca y Salou, en Tarragona.

Las propuestas también contemplan la eliminación de otros artículos de la legislación vigente que se vinculan directamente con el mencionado proyecto del Hard Rock. Con la luz verde del pleno, se abre ahora el período para presentar enmiendas, cuyo plazo se extenderá hasta el viernes 13 de diciembre a las 12 horas.

Raquel Sans, diputada de ERC, ha argumentado en favor de la modificación de la ley, señalando que la rebaja fiscal para el complejo no tiene parangón en otros países europeos. Sans ha justificado el hecho de que la modificación se esté impulsando en este momento y no antes, alegando que el PSC había mostrado resistencia a su apoyo hasta ahora.

“En pocas palabras, este cambio se debe a la presión que ha ejercido la aritmética parlamentaria y la influencia de los Comuns y ERC sobre el PSC”, afirmó Sans, poniendo de relieve la dinámica de alianzas en el Parlamento catalán.

La presidenta de los Comuns, Jéssica Albiach, celebró el cambio de postura del PSC y ERC respecto al proyecto de Hard Rock. Según Albiach, es esencial que las formaciones de izquierda desarrollen un proyecto que no beneficie a la especulación ni otorgue ventajas fiscales a los casinos, enfatizando la necesidad de centrar la atención en las personas, la dignidad y el territorio.

Desde el PSC-Units, Jordi Riba subrayó que cumplirán los acuerdos pactados con ERC y Comuns de manera rigurosa. Riba expresó que la continuidad del beneficio fiscal que se había otorgado a Hard Rock “no tiene justificación en la actualidad” y recordó que el panorama socioeconómico ha mutado desde la aprobación de la ley en 2014, pasando de la austeridad a un debate sobre la armonización fiscal.

Por su parte, Laia Estrada de la CUP hizo eco de las encuestas que muestran que la mayoría de los catalanes se oponen al Hard Rock, solicitando una voluntad política para retirar la licencia del casino y descartar el desarrollo urbanístico que permitiría la materialización del proyecto, alegando riesgos asociados al mismo.

Mònica Sales, representante de Junts, defendió la perspectiva de que el proyecto de Hard Rock abarca más que el juego, incluyendo convenciones y eventos musicales. Criticó el giro radical en la postura del PSC, que pasó de apoyar el proyecto a oponerse, instando a que se realice un debate exhaustivo en el Parlament.

El diputado del PP, Pere Lluís Huguet, alzó su voz en contra de la modificación de la ley mediante un procedimiento de lectura única, alertando que esto podría conllevar "la máxima indemnización por responsabilidad penal de la Generalitat". Huguet defendió el proyecto de Hard Rock, argumentando que este rompería con la estacionalidad del turismo y generaría empleo.

Por último, Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, expresó su desacuerdo con el procedimiento de lectura única y la propuesta del Hard Rock, argumentando que no desean un futuro similar al de los nativos americanos en relación con los casinos. “Apostamos por recuperar el dominio de nuestra tierra y por un modelo económico que priorice la reindustrialización,” concluyó Orriols, enfatizando que su postura no implica un ataque al sector turístico.