Aragonès enfrenta la última sesión de control del año tras cerrar un convenio de Presupuestos con los comuns

BARCELONA, 20 Dic.

El Parlament votará este jueves una proposición de ley de distritos impulsada por los comuns en el último pleno pensado para 2022, mientras que el Govern prosigue negociando sobre los Presupuestos de la Generalitat con PSC y Junts tras cerrar un convenio con los comuns.

El pleno comenzará este miércoles a las 9.00 horas con la sesión de control a los consellers y al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que de forma previsible va a deber contestar a cuestiones de los conjuntos sobre sus proyectos para las cuentas de 2023.

Precisamente este miércoles se cumple una semana del acuerdo que sellaron Aragonès y la líder de los comuns, Jéssica Albiach, que incluye un plan de choque popular de 555 millones, un aumento de 279 millones para atención principal y también impuestos a casas vacías, cruceros y ultraprocesados, al lado de cambios sobre el impuesto de Patrimonio.

El pacto se cerró la semana anterior, y desde ese momento el Govern ha redoblado la presión sobre PSC y Junts para amarrar una mayoría para sacar adelante los Presupuestos, tras llegar a acuerdos con patronales, sindicatos, entidades del tercer campo y del ámbito cultural.

El PSC descartó este martes un convenio "inminente": repitió que para los socialistas es esencial que los Presupuestos aseguren el futuro del emprendimiento del Hard Rock en el Camp de Tarragona, la B-40 en el Vallès y la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, y rechazó cambios en fiscalidad.

Junts, que asimismo solicita sacar adelante estos tres proyectos, ve "lejos" el acuerdo a causa de diferencias en la negociación en el capítulo fiscal, en el que solicita rebajas, y en todo lo relativo al desarrollo independentista, según el partido.

Por su parte, ERC mantiene que no "hay escollos insuperables" en la negociación con PSC y Junts, con lo que solicita eludir dilaciones superfluas que procuren gastar al Govern retrasando la aprobación de los Presupuestos.

Además de la ley de distritos, el pleno del Parlament votará este semana un decreto ley de medidas para achicar la temporalidad y promover la promoción interna entre los gobernantes y el presupuesto de la Cámara catalana, el Consell de Garanties Estatutàries, la Sindicatura de Comptes y el Síndic de Greuges para 2023.

El presupuesto del Parlament suma de un total de 66.956.190,39 euros, un 2,13% mucho más que el de 2022, y también tiene dentro una mensualidad mucho más a las asignaciones fijas de los miembros del congreso de los diputados por costos de viaje y movimiento a cuenta de la reducción progresiva de las indemnizaciones por esos conceptos que prevé el Reglamento de la Cámara catalana.

En la sesión del miércoles, los conjuntos interpelarán al Govern sobre el cumplimiento de pactos parlamentarios en infraestructuras (PSC), la restauración de recursos inmatriculados por la Iglesia (CUP), la vacunación por la gripe (Cs) o la movilidad en el Vallès (comuns).

También va a haber interpelaciones sobre la "desburocratización" de la actividad de los campesinos (Junts), la movilidad sostenible (ERC) y la política penitenciaria (Vox).

Entre las nueve peticiones que se discutirán y votarán el jueves, el PSC ha anunciado una idea que demanda al Govern reservar elementos para asegurar el avance de un nuevo plan de distritos y un fondo de cooperación local increíble en las cuentas de 2023.

En otra petición, ERC insta al Gobierno a trabajar con la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y con entidades en el traspaso de la comisaría de Via Laietana y para seguir a la "resignificación" del espacio como un centro de memoria, dignidad y memoria de las víctimas de la dictadura franquista.

El pleno en el Parlament se festeja en una semana marcada por la resolución del Tribunal Constitucional (TC) de inmovilizar en las Cortes Generales la reforma para mudar el sistema de decisión de jueces, tras un recurso del PP por su tramitación vía enmienda al lado de la reforma del Código Penal para remover la sedición y reformar la malversación.

Los partidos independentistas catalanes han trazado paralelismos entre esta resolución y los requerimientos que el TC dirigió al Parlament para no festejar debates o inmovilizar ideas legislativas en el marco del desarrollo independentista.

El PSC ha rechazado la comparación y ha apelado a cumplir la Constitución, al paso que los comuns han sostenido que "no es instante de reproches sino más bien de resoluciones" y han llamado a articular una contestación democrática, en sus expresiones, a la resolución del tribunal.

Todo ello se genera una vez que el Congreso de los Diputados aprobase la semana anterior la modificación del Código Penal para remover la sedición y reformar la malversación, que Generalitat y Gobierno enmarcan en los pactos de la mesa del diálogo para "desjudicializar" el enfrentamiento catalán.

De hecho, prosigue pendiente una asamblea de la mesa del diálogo entre la Generalitat y el Gobierno antes que concluya el año, así como se pactó en el tercer y último acercamiento de este espacio festejado en Madrid el 27 de julio.