En la sesión plenaria del Parlament de Cataluña, celebrada el 20 de noviembre, se aprobó una resolución que pide al Govern que, en el primer trimestre de 2026, presente un conjunto de medidas "estratégicas, normativas y programáticas" dirigidas a regular la compra de viviendas con fines especulativos.

La votación respaldó dos mociones impulsadas por ERC y la CUP, que compartían el mismo contenido y que recibieron el apoyo de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP. En contraposición, los partidos PP, Vox y Aliança Catalana se manifestaron en contra, mientras que Junts optó por la abstención.

El acuerdo estipula que se deben crear y presentar estas medidas con el fin de garantizar el acceso a una vivienda habitual y permanente, y se solicita que la evaluación actual que el Govern está realizando sobre la propuesta se entregue antes de que finalice el año 2025.

Este debate sobre la regulación de compras de vivienda en áreas de alta especulación ha cobrado fuerza en meses recientes a raíz de un informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), el cual parece respaldar jurídicamente la iniciativa.

En una sesión del Parlament a finales de octubre, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, manifestó su predisposición a estudiar la propuesta a raíz de preguntas formuladas por la CUP. Desde entonces, ha asegurado que el tema se está analizando "a fondo" y ha solicitado informes adicionales a la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.

Tanto ERC como los Comuns y la CUP han mostrado su apoyo a la limitación de la compra de vivienda para fines especulativos, y los Comuns han llevado a cabo la presentación de una proposición de ley al respecto, además de crear un grupo de trabajo con el Govern, que planea emitir un informe a principios de enero.

En el Debate de Política General que se llevó a cabo a principios de octubre, tanto los Comuns como la CUP propusieron resolver la cuestión del acceso a la vivienda, aunque en esa votación el PSC optó por la abstención.

Durante el intercambio de opiniones, la diputada de ERC, Mar Besses, argumentó que límites a la compra de viviendas ya se están implementando en otros países y que el marco legal actual permite dicha regulación. Rechazó la idea de que esto atente contra la propiedad privada, afirmando que la verdadera amenaza a la propiedad es la capacidad de un fondo buitre para adquirir un edificio completo.

Por su parte, la diputada de la CUP, Laure Vega, manifestó que el acceso a la vivienda es un tema candente y que la especulación ha sido un fenómeno ampliamente rechazado por la sociedad. Defendió que el problema real es la acaparación de propiedades.

Desde el PSC, la diputada Eva Candela destacó que el Govern ha priorizado el acceso a la vivienda y mostró sorpresa ante el temor de las fuerzas de derecha hacia esta regulación. Aplaudió el hecho de que varias fuerzas políticas hayan encontrado puntos en común para debatir sobre un asunto tan importante.

En representación de los Comuns, Susana Segovia afirmó que la falta de mecanismos de control en la compra de vivienda ha llevado a un aumento de precios, justificando así la necesidad de la medida para que los compradores no tengan que competir en desventaja con aquellos que pueden pagar en efectivo.

Junts criticó la decisión de presentar dos mociones idénticas, y su diputada Glòria Freixa abogó por más inversión en construcción, argumentando que se necesitan más de 9,200 pisos de protección oficial en los próximos 20 años para satisfacer la demanda.

La diputada del PP, Àngels Esteller, alertó que esta regulación va en contra del sistema jurídico español y europeo, viendo en ella un ataque a los propietarios. Explicó que el único objetivo de las fuerzas de izquierda es erosionar la economía y la propiedad privada.

Por otro lado, la diputada de Vox, Mònica Lora, identificó la burocracia y la pesada carga fiscal como las verdaderas causas de los problemas de acceso a la vivienda, argumentando que estas políticas han obstaculizado la construcción y ahuyentado a los inversionistas.

Finalmente, la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, responsabilizó a las "políticas suicidas y migratorias" de la crisis habitacional actual y advirtió que la limitación de compras especulativas afectará a quienes buscan comprar propiedades para complementar sus pensiones o dejarlas como herencia a sus familias.