BARCELONA, 12 de febrero.

El Parlament de Catalunya ha tomado una decisión trascendental este jueves al aprobar una resolución presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Esta iniciativa exige la pronta implementación de un nuevo modelo de financiación que sea considerado "más justo y singular", asegurando un trato equitativo para la región en base al principio de ordinalidad.

Dicha propuesta, que incluye la posibilidad de participar directamente en la recaudación del IVA para cubrir las competencias autonómicas, fue respaldada durante un debate en el que se abordó la crisis del ascensor social. Los grupos ERC, PSC-Units y Comuns estuvieron a favor, mientras que Junts, PP, Vox, CUP y AC se opusieron.

Además, se aprobó otra iniciativa de los Comuns que aboga por una financiación equitativa y por el fortalecimiento de la Agència Tributària de Catalunya, al tiempo que el PSC-Units presentó un punto que defiende un modelo de financiación basado en la autonomía financiera, la coordinación y la transparencia fiscal y financiera entre las distintas administraciones públicas.

En contraste, se desestimó la propuesta de Junts, que proponía que el Govern negociara un modelo de financiación como un concierto económico a través de una ley específica, lo que lo sacaría de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Otro punto de ERC que prosperó permite a la Generalitat gestionar y recaudar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y propone la creación de un consorcio que se encargue de asegurar que las inversiones del Estado en Catalunya se ejecuten adecuadamente, evitando la infraejecución.

Se respaldó también una propuesta de Junts que exige al Govern la transferencia de competencias en materia de inmigración, sugiriendo que se relacionen los flujos migratorios con las necesidades del mercado laboral y la capacidad de acogida del país.

Sin embargo, la moción del PP que criticaba la política migratoria del Gobierno central fue rechazada, describiéndola como peligrosa y masiva, generando lo que algunos consideran un efecto llamada.

En otro tema, el Parlament aprobó una resolución de ERC que plantea aumentar el Salario Mínimo catalán hasta el 60% del salario medio en Catalunya, instando al Gobierno a facilitar las modificaciones necesarias para que la Generalitat pueda fijar dicho importe.

Por su parte, se desestimó la propuesta de Junts para homologar salarios mínimos a estándares europeos, con un mínimo cercano a los 1.400 euros, y para negociar el traspaso de la competencia de fijación del Salario Mínimo Interprofesional en Catalunya.

También fracasó la propuesta de la CUP que exigía una mayor progresividad en el sistema fiscal, buscando garantizar un salario mínimo que responda al coste de vida y que sea, al menos, del 60% del salario medio.

El hemiciclo respaldó una moción del PSC-Units que aboga por un sistema fiscal más equitativo, donde quienes más ganan contribuyan en mayor medida, y que mantenga los impuestos sobre sucesiones y patrimonios que han sido cedidos.

Asimismo, se avaló un punto de los Comuns para crear un impuesto del 2% sobre grandes patrimonios, estimando una recaudación de 5.200 millones de euros anuales, destinada a eliminar beneficios fiscales a personas con grandes patrimonios y financiar una prestación universal por crianza.

Aunque avanzó la propuesta de ERC que promueve un modelo en el que la Generalitat pueda gestionar todos los impuestos generados en Catalunya, ayudando a mitigar el déficit fiscal estructural, no prosperaron las propuestas de Junts que reclamaban una deflacción del IRPF y la reducción de la fiscalidad en la transmisión de patrimonio familiar.

Tampoco tuvieron éxito las iniciativas del PP sobre la reducción de impuestos en transmisiones patrimoniales y la creación de incentivos fiscales para propietarios que alquilan a precios asequibles.

El hemiciclo rechazó la propuesta de la CUP para incrementar impuestos a las rentas más altas, incluyendo aumentos en el impuesto de patrimonio y sucesiones, así como la introducción de un nuevo tramo en el IRPF y un "salario máximo".

Finalmente, se aprobó una propuesta de ERC que busca desvincular la vivienda de la lógica del mercado, estableciendo controles y sanciones para garantizar la regulación de precios de alquiler y el control sobre viviendas de uso turístico, especialmente aquellas de grandes propietarios.

Sin embargo, se desestimó la iniciativa de Junts que instaba al Govern a negociar la transferencia de propiedades inmuebles públicas en Catalunya, y ninguna propuesta fue aprobada para dotar a la Generalitat del control sobre infraestructuras de movilidad en territorio catalán que aún pertenecen al Estado.