El Parlament de Cataluña ha tomado una decisión trascendental este jueves al aprobar una reforma que otorgará a los funcionarios de prisiones el estatus de agentes de la autoridad.

Esta medida se introduce en respuesta al trágico asesinato de Núria López, una empleada de la cocina de la prisión de Mas d'Enric, ocurrido en 2024 a manos de un interno, un suceso que ha puesto de manifiesto la necesidad de proteger a quienes operan en el sistema penitenciario.

La reforma ha contado con el respaldo de grupos como PSC-Units, Junts, PP, Vox y Aliança Catalana, mientras que los partidos ERC, Comuns y CUP se han opuesto a la iniciativa, rechazando las enmiendas que habían propuesto para modificar el texto original.

La nueva legislación no solo reconoce a los funcionarios y directivos que trabajen en los recintos penitenciarios como agentes de la autoridad, sino que también busca proporcionarles una mayor seguridad y respaldo jurídico en el desempeño de sus funciones.

Asimismo, la Generalitat será responsable de indemnizar a estos funcionarios en caso de que sufran lesiones o daños materiales en el ejercicio de su trabajo, un paso que refuerza la protección y los derechos de quienes están al servicio del interés público en las prisiones.