• miércoles 8 de febrero del 2023

El Parlament valida el decreto ley del catalán en las salas que repudia porcentajes

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Los estudiantes de cuarto de Primaria y segundo de la ESO van a hacer pruebas de competencias orales

BARCELONA, 29 Jun.

El Parlament ha ratificado este miércoles el decreto ley del Govern que fija los criterios de elaboración y validación de los proyectos lingüísticos de los centros académicos y establece la "inaplicación" de porcentajes de catalán y español en la enseñanza.

El decreto ley fué convalidado con los votos convenientes de ERC, Junts y comuns y los votos en oposición a PSC-Units, la CUP, Vox, Cs y PP, tras recibir el aval unánime del Consell de Garanties Estatutàries (CGE).

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha asegurado que el decreto ley completa la regulación de la ley sobre el catalán en las salas --aprobada con los votos de PSC, ERC, Junts y comuns-- frente a una "situación judicial anormal, como es la intención de imponer desde los tribunales" un 25% de las clases en español.

Cambray ha defendido que con este decreto la Conselleria de Educación acepta la compromiso sobre los proyectos lingüísticos, que la red social didáctica debe cumplir: "Los profesores y el profesorado no escogen la lengua donde se da la clase. Por lo tanto, vamos a hacer rastreo y evaluación".

El conseller ha adelantado que a este decreto le proseguirá otro sobre la elaboración de los proyectos lingüísticos, desde un informe del Consejo Lingüístico Asesor, y que se valorarán las competencias orales de catalán, español y también inglés en sexto de Primaria y cuarto de la ESO --estas pruebas se aúnan a las que la Lomloe fija en cuarto de Primaria y segundo de la ESO--.

La socialista Esther Niubó ha sostenido que el decreto rompe con el acuerdo de la ley sobre el catalán acordada por PSC-Units, ERC, Junts y comuns, pues no recopila la utilización curricular del español que sí incluye la ley; por el hecho de que cree que piensa un desafío a los tribunales, y pues puede "regresar a dar de comer un enfrentamiento lingüístico, en el momento en que la ley lo deja bien resuelto".

La 'cupaire' Nogay Ndiaye ha criticado que el decreto provoca que "la compromiso recaiga en los centros, ligando la app de la sentencia a los proyectos lingüísticos" y se ha preguntado de qué forma se garantizará la utilización del catalán y español en las salas sin app de porcentajes, puesto que informa de que no hay referencias de de qué forma se va a hacer en el artículo.

La miembro del congreso de los diputados de Cs en el Parlament Anna Grau ha criticado que el PSC apoyase la ley de usos lingüísticos y le ha acusado de "burlar la Constitución y reírse de las sentencias judiciales", y ha calificado este decreto de chapuza de un Govern que se cree sobre el bien y del mal, dijo textualmente.

La miembro del congreso de los diputados del PP Lorena Roldán ha asegurado que el Govern "se ha inventado este decreto para incumplir una resolución judicial", algo que piensa que representa un pulso al Estado de derecho que debería producir una contestación contundente del Gobierno central, pero que no va a llegar pues está dirigido por un socialismo entregado al nacionalismo, en sus expresiones.

Manuel Jesús Acosta (Vox) ha criticado que el decreto fije que los porcentajes lingüísticos no tienen la posibilidad de aplicarse en el ámbito educativo y que después las universidades hayan acordado un plan a fin de que el 80% de sus materias se den en catalán, y dijo sobre el decreto: "Fraudulentamente y con ánimo desobediente se quiere cambiar el marco legislativo" para no cumplir la sentencia del 25%.

Por Junts, la miembro del congreso de los diputados Anna Erra ha defendido la necesidad de este decreto para "plantar cara a este embate judicial" y constatar por ley que el catalán es lengua vehicular en los institutos y lengua de acogida, y que se resguarda a los centros académicos en frente de la sentencia del 25%, y apostó por convalidar el artículo como emprendimiento de ley.

La republicana Mònica Palacín ha criticado que este decreto no tenga tanto consenso como la ley de usos lingüísticos pues "ciertos tiene líneas políticas bastante de partido y no de país", en referencia velada al PSC, y ha asegurado que es imposible detallar un mismo plan lingüístico para todas y cada una de las academias catalanas, con lo que ha defendido lo predeterminado por el decreto.

Jéssica González (comuns) ha sostenido que el decreto es un paso mucho más tras la ley del catalán, pero ha pedido no olvidar que la reivindicación de los derechos lingüísticos debe ir acompañada de la de la igualdad de ocasiones: "Si la defensa del catalán no va relacionada a la pelea contra las desigualdades, se acabará asociando a la burguesía, o a la indiferencia frente al padecimiento de la gente".

El Parlament ha descartado gestionar el decreto como emprendimiento de ley, si bien Junts lo había pedido, y en el final de la votación el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el vicepresidente, Jordi Puigneró, han estrechado la mano al conseller Cambray.

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