En las regiones de Vilassar de Mar, en Barcelona, y Puigcerdà, en Girona, entre otros muchos, se ha identificado un evidente riesgo elevado de inundación. Este alarmante dato ha surgido de un estudio reciente realizado por el Síndic de Greuges, que ha revelado que aproximadamente 60 municipios de Catalunya carecen de un plan de emergencias diseñado para afrontar inundaciones, a pesar de la amenaza que representan estos fenómenos meteorológicos.

En un comunicado emitido este lunes, el Síndic subrayó que las inundaciones son uno de los fenómenos naturales más destructivos y enfatizó la imperiosa necesidad de implementar medidas de planificación ante la creciente probabilidad de que, con el cambio climático, los "fenómenos meteorológicos extremos" se hagan más frecuentes y severos.

A nivel local, las emergencias provocadas por inundaciones se gestionan a través de planes de protección civil que se documentan en el Documento Único de Protección Civil Municipal (Duprocim). Actualmente, un total de 521 municipios en Catalunya tienen la obligación de contar con este documento, mientras que en 241 municipios su uso es recomendable y en 185 se considera prescindible.

La síndica Esther Giménez-Salinas ha expresado su preocupación por las posibles repercusiones del cambio climático en Catalunya, poniendo especial énfasis en aquellas áreas que son más vulnerables a las inundaciones. En este sentido, inició una acción de oficio en 2023 para abordar la situación existente.

Como resultado de dicha acción, se ha determinado que de los 521 municipios que deberían tener un plan de emergencias por inundaciones, solo 206 se han adherido a esta obligación, lo que representa una preocupante cifra del 39%. Además, se ha puesto de manifiesto que 60 localidades, que albergan a aproximadamente 700.000 personas, no cuentan con planes de emergencia, y que entre ellas hay 17 municipios que enfrentan un riesgo muy alto de inundación pero carecen de la cobertura necesaria.

Entre los municipios que no han implementado un plan de emergencias, a pesar de su alto riesgo de inundación, se encuentran Badalona, Badia del Vallès, Montcada i Reixac, Olesa de Montserrat, Palafolls, Rubí, Sant Fost de Campsentelles, Sentmenat, Vilassar de Mar, Bellver de Cerdanya, Bossòst, El Pont de Suert, La Vall de Boí, Castelló d'Empúries, Puigcerdà, Creixell y Tivenys.

Del total de municipios que deberían tener el Duprocim en vigor, casi la mitad—específicamente 255, lo que representa el 49%—tienen su documentación caducada o están pendientes de revisión. Dentro de este grupo, 77 municipios, que equivale al 30%, han dejado expirar su Duprocim hace más de diez años, incluyendo localidades como Vilanova i la Geltrú, Cunit, Lloret de Mar, Tortosa y Alins.

En vista de esta desalentadora situación, la síndica ha instado a los ayuntamientos que aún no han elaborado sus planes, pese a que es obligatorio o recomendado, a proceder con su creación "sin más dilaciones". Este llamado a la acción es aún más pertinente ahora que la Generalitat ha habilitado una nueva línea de ayudas específicas para abordar este problema.

Por otro lado, ha sugerido a la Conselleria de Interior y Seguridad Pública que refuercen la supervisión y el seguimiento del cumplimiento de estas obligaciones, y que trabajen en coordinación con las cuatro diputaciones para proporcionar el apoyo necesario a los municipios en esta crucial materia.