Un reciente informe anual pone de manifiesto las deficiencias en torno a la gobernanza, la participación ciudadana y la efectividad del gobierno en las administraciones públicas. Este estudio, que se ha presentado en Barcelona el 20 de diciembre, tiene como base la Ley 19/2014, que busca promover la transparencia y el buen gobierno, aunque sugiere que todavía hay un considerable camino por recorrer.

La Sindicatura de Greuges, la entidad encargada de supervisar el cumplimiento de estas normativas, ha valorado los progresos alcanzados en los últimos años, pero también ha señalado la necesidad de hacer mejoras significativas. Este informe, correspondiente a los años 2022 y 2023, ha sido la primera vez que se ha evaluado con detalle cada uno de los aspectos que la ley abarca.

Según el análisis, ha habido avances notables en la publicidad activa y en el derecho de acceso a la información pública, sin embargo, el informe resalta que persisten importantes áreas que requieren atención, especialmente en lo que respecta a la gobernanza y los mecanismos de participación ciudadana.

El informe también evidencia que hay una insuficiencia en la disponibilidad de recursos para coordinar y asesorar a los ciudadanos, lo que se traduce en una capacidad limitada de estos para acceder a la información necesaria. Además, se menciona que la formación en este ámbito es inadecuada en muchas ocasiones, lo que agrava la situación.

Un punto crítico del informe es la identificación de una "doble velocidad" en la implementación de las obligaciones de publicidad activa. Las administraciones más grandes y con mayores recursos tienden a cumplir de manera más efectiva que aquellas con limitaciones, lo que sugiere la urgente necesidad de fortalecer la cooperación entre diferentes niveles administrativos.

Un dato preocupante destaca que más de la mitad de las administraciones no cuentan con un código de conducta para sus altos funcionarios, siendo especialmente alarmante esta carencia en los municipios de menos de 20,000 habitantes. A pesar de esto, una proporción significativa de las administraciones ha establecido un sistema para presentar alertas relacionadas con infracciones.

El informe también revela que solo el 9,7% de las administraciones dispone de un instrumento efectivo de planificación normativa, y que la evaluación de estas normativas no se integra como debería en las dinámicas operativas de las instituciones.

Aunque tanto como el 70% de las administraciones tienen abiertas vías para la presentación de propuestas y recomendaciones, solo el 42% cuenta con mecanismos de "escucha activa" que aseguran una respuesta adecuada y un diálogo real con la ciudadanía. Aun más alarmante es que solo un 10% permite la participación ciudadana en el desarrollo y evaluación de políticas públicas.

Las estadísticas presentadas indican un aumento continuo en las denuncias y en los procedimientos sancionadores, no obstante, en la mitad de estos casos no se inicia un expediente, lo que implica que muchas infracciones quedan sin repercusiones. La Sindicatura ha sugerido la necesidad de actualizar el régimen sancionador, buscando que sirva realmente como una "garantía" para el cumplimiento de la ley y la implementación de mecanismos de mediación y conciliación administrativa.