En una acción que marca un giro en la relación entre inquilinos y propietarios, un bloque de Salou ha dado el primer paso hacia lo que han denominado una "revuelta de llaves", que ya ha comenzado con la devolución de dos recibos de alquiler. Este movimiento es encabezado por el Sindicat de Llogateres, que ha anunciado su primera huelga de alquileres en dos complejos de vivienda cuyo dueño es la inmobiliaria InmoCaixa, uno situado en Salou, Tarragona, y otro en Sentmenat, Barcelona.

La noticia fue divulgada durante una rueda de prensa en Barcelona, donde Enric Aragonès, portavoz del sindicato, estuvo acompañado por Kika Aguilera y Marta Carrillo, dos inquilinas de los edificios en cuestión. La estrategia de huelga fue anticipada en una manifestación que tuvo lugar el pasado 23 de noviembre, revelando que los inquilinos están dispuestos a tomar medidas drásticas para mejorar sus condiciones arrendaticias.

El propósito de esta acción es instar a la Generalitat a adquirir todas las promociones de vivienda protegida gestionadas por InmoCaixa y a conseguir una mejora en las condiciones de los contratos de alquiler. Aragonès ha destacado que el acto de desobediencia implica la retención del pago del alquiler, presentado como una medida de presión y negociación colectiva, que necesita de un amplio respaldo y organización entre los vecinos afectados.

El bloque residencial en Salou ostentaba la condición de vivienda de protección oficial hasta 2022 y ha sido recientemente adquirido por la Generalitat con el fin de resguardar los derechos de los residentes. Kika Aguilera ha compartido que ya han optado por devolver los últimos recibos de alquiler que abonaron a InmoCaixa, acusando la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como "fraudulenta" y manifestando su apoyo a la huelga en curso.

En un contexto concreto, 23 de los 37 inquilinos de su bloque han decidido devolver el recibo, en un complejo que comprende hasta 80 viviendas, de las cuales aproximadamente la mitad se encuentran desocupadas. Por su parte, en Sentmenat, Marta Carrillo ha señalado que, tras deliberar en asamblea, se han comprometido a interrumpir el pago del alquiler a partir del 1 de marzo, siempre que al menos el 25% de las inquilinas se una a la huelga.

Este grupo de inquilinos ha optado por no pagar a InmoCaixa directamente; en cambio, destinarán las rentas a una cuenta mancomunada. En la reunión inaugural de las asambleas, unas 30 viviendas de las 147 dentro del programa de alquiler protegido participaron, lo que indica un creciente interés en la movilización colectiva.

Además, han comenzado un registro de huelguistas con el fin de fortalecer la participación de otros vecinos, quienes exigen que los contratos se renueven sin cláusulas abusivas y a precios que se ajusten a la realidad económica de las familias. Este movimiento podría ser un indicativo del descontento generalizado con las condiciones actuales del mercado de alquileres y un llamado a la acción por parte de los inquilinos que luchan por salvaguardar sus derechos.