En Madrid, el 27 de enero, se ha dado a conocer que el Tribunal Constitucional ha decidido mantener en vigor las órdenes de detención que pesan sobre Carles Puigdemont, exjefe del gobierno catalán, y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, en relación con el proceso independentista catalán.

La noticia fue confirmada por la propia corte, que en su sesión plenaria de este martes discutió la solicitud de los implicados para que se suspendieran dichas órdenes de arresto, en el marco de una medida cautelar muy solicitada por sus defensores.

Puigdemont ha argumentado que el Tribunal Supremo ha hecho una aplicación excesiva de las excepciones que prevé la ley de amnistía, señalando así que existe una resistencia judicial evidente contra esta normativa. Según su visión, esta actitud judicial es un reflejo de un entorno político adverso.

El exdirigente catalán ha planteado que la anulación de la orden de detención es "fundamental" no solo para asegurar que su recurso de amparo frente a la negativa del Supremo a amnistiarlo por la malversación relacionada con el proceso independentista sea efectivo, sino también para preservar su derecho a la libertad y a la libre circulación dentro de la Unión Europea. Además, resaltó que su condición de parlamentario en funciones le confiere derechos políticos que están siendo vulnerados.