• jueves 01 de diciembre del 2022

El TSJC registra la demanda contra Cambray de Hablamos Español y Convivencia Cívica por el 25%

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BARCELONA, 17 Jun.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) registró la demanda contra el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, presentada por Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana por un delito de desobediencia y otro de prevaricación al presuntamente "desobedecer" y no utilizar la sentencia que ordena a impartir cuando menos un 25% de clases en español.

En una diligencia consultada por Europa Press del 9 de junio, el TSJC destina a la juez Maria Eugènia Alegret como encargada de la causa y, conforme han detallado fuentes del prominente tribunal catalán, la demanda no está aceptada a trámite y se dió traslado a Fiscalía para el informe preceptivo antes de convocar la salón de deliberación por si acaso se acepta o no.

Así, solicita incoar el pertinente trámite penal, según la diligencia, pero unicamente se trasladarán las actuaciones a la juez instructora una vez la Fiscalía informe sobre la rivalidad de la salón y sobre la admisión a trámite de la demanda.

Contra la resolución cabe interponer recurso de reposición en un período máximo de cinco días, según señala el TSJC en el escrito.

La demanda se presentó el 1 de junio y critica que con las normas que la Conselleria envió a los centros tras la ejecución de la sentencia "se insta de manera expresa a desobedecer el orden" del tribunal.

Una vez terminó el período que el TSJC fijó para realizar la sentencia, Gonzàlez-Cambray anunció que había enviado a los centros normas y un cuestionario para validar que sus proyectos lingüísticos se amolden al nuevo decreto sobre lenguas en las academias que aprobó el Govern.

La demanda recrimina que Gonzàlez-Cambray no ha cumplido la orden del TSJC y destaca el interrogante del Govern a las academias sobre si su emprendimiento lingüístico impide la utilización de porcentajes en la enseñanza de lenguas: critica que "si se responde 'no' a esta pregunta se anula el emprendimiento lingüístico, lo que impide directamente que se cumpla la sentencia".

Los denunciantes ven en este procedimiento "una clara estratagema para no cumplir la sentencia", tachan el decreto del Govern de arbitrario y culpan a Gonzàlez-Cambray y a su Conselleria de accionar contra derecho a propósito.

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