Crónica Cataluña.

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Entidades catalanas solicitan suspensión de 20 proyectos urbanos en áreas propensas a inundaciones.

Entidades catalanas solicitan suspensión de 20 proyectos urbanos en áreas propensas a inundaciones.

Recientemente, una serie de entidades ecologistas y vecinales, principalmente del área metropolitana de Barcelona, han lanzado un llamamiento a la Generalitat para que se implementen moratorias "inmediatas" sobre 20 proyectos de desarrollo urbanístico ubicados en zonas susceptibles a inundaciones. Esta solicitud refleja una creciente preocupación por la seguridad de los ciudadanos ante el riesgo de desastres naturales.

La portavoz de Ecologistas en Acción, Maria Garcia, hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la playa de Sant Adrià de Besòs, justo al lado del antiguo complejo industrial de las Tres Xemeneies. Esta área, identificada como propensa a inundaciones, está destinada a albergar un plan director urbanístico (PDU) que incluye más de 1.700 nuevas viviendas, lo que ha llevado a los ecologistas a cuestionar la viabilidad de dicho proyecto.

Las organizaciones demandan una urgente revisión y actualización de la evaluación preliminar de riesgo de inundación y de los mapas de peligrosidad que abarcan Catalunya. Asimismo, insisten en que toda la planificación urbanística relacionada con la inundabilidad sea revisada para asegurar la protección de los ciudadanos.

Desde su perspectiva, las administraciones están autorizando proyectos en localizaciones que deberían considerarse inviables, ya sea por el desbordamiento de ríos o por la posible intrusión del mar en esos espacios. Esto ha desatado una ola de inquietud y llamados a la acción por parte de los residentes y los grupos defendiendo el medio ambiente.

Entre los proyectos para los cuales se han presentado solicitudes de moratoria se encuentran el de las Tres Xemeneies en Sant Adrià, el Biopol Gran Via de L'Hospitalet de Llobregat y el plan de urbanización de la Bonaigua en Sant Just Desvern. Las entidades han advertido que en las próximas semanas se sumarán otros siete requerimientos a esta lista, intensificando la presión sobre las autoridades locales y regionales.

El propósito de estas moratorias es desafiar a las instituciones y a los responsables políticos en el ámbito urbanístico para que asuman la responsabilidad por sus decisiones, con el fin de evitar daños irreparables que podrían afectar a la población. Esta solicitud subraya la necesidad de una mayor precaución y responsabilidad en la construcción en áreas vulnerables.

Garcia también advirtió que en caso de que la respuesta a estos requerimientos no sea satisfactoria o no se produzca respuesta alguna, se buscará reclamar responsabilidades en las instancias administrativa, civil o penal si se llegara a causar algún daño a las personas debido a inundaciones en esas áreas afectadas.

Además, al ser interrogada sobre la posibilidad de una reunión con la Conselleria de Territorio de la Generalitat y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) para discutir estos temas, Garcia confirmó que se prevé dicha reunión, aunque aún no han definido una fecha específica para llevarla a cabo.

Por otro lado, el portavoz Josep Hurtado enfatizó que la lucha contra las inundaciones debe adquirir mayor relevancia en el marco del cambio climático actual. En este sentido, destacó que en numerosas ocasiones, los ayuntamientos tienden a "pasar la pelota" a la Generalitat, a pesar de que ellos también tienen un papel fundamental en la planificación y ejecución de proyectos urbanísticos.

Las estadísticas presentadas por estas entidades indican que alrededor del 15% del territorio urbanizado en Catalunya está expuesto al riesgo de inundaciones, lo que afecta a más de 325.000 personas, es decir, cerca del 6,6% de la población total de la región. Estas cifras resaltan la urgencia de abordar la planificación urbanística desde una perspectiva más cautelosa y responsable.

La preocupación se agrava al saber que hay 26 industrias que representan un peligro radiactivo en áreas susceptibles a inundaciones, junto con 53 industrias consideradas de alto riesgo industrial. Además, hay 46 hospitales, 48 geriátricos y 71 campings en estas zonas, lo cual representa un riesgo significativo para la salud pública y la seguridad de los ciudadanos. Carlos Ballestero, portavoz de la plataforma 'Entesa per a un gran parc litoral al Besòs', también ha criticado la situación, afirmando que las medidas actuales de gestión del riesgo de inundación son claramente insuficientes.