En una declaración reciente, el conseller de Justicia y Calidad Democrática de Catalunya, Ramon Espadaler, ha defendido con fervor el acuerdo establecido con el Gobierno central para la creación de cinco nuevos juzgados en Barcelona. Este plan incluye la apertura de cuatro juzgados penales y uno de instrucción, una medida que, según él, es crucial para enfrentar el problema de la multirreincidencia delictiva y acortar los plazos de los juicios rápidos. "Esto es actuar", afirmó Espadaler, subrayando la importancia de esta iniciativa.

Las declaraciones del conseller se produjeron durante un pleno del Parlament en respuesta a una interpelación formulada por Juan Fernández, el portavoz del PP en la Cámara. Fernández consideró que la apertura de estos juzgados es insuficiente, argumentando que el Gobierno de Pedro Sánchez ha intentado presentarse como un benefactor, similar a Papá Noël, llegado a Catalunya con la intención de repartir generosos regalos. Sin embargo, el portavoz del PP destacó que, en realidad, lo que se ha ofrecido es solo "limosna".

En una defensa apasionada de la iniciativa gubernamental, Espadaler contestó a su oponente acentuando que la implementación de cinco nuevos juzgados en solo cien días es una clara señal de acción por parte del Gobierno. Aun así, reconoció que Catalunya enfrenta un déficit en el número de juzgados, y añadió que la apertura de estas nuevas instalaciones permitirá gestionar más eficazmente la gran cantidad de casos pendientes en la ciudad de Barcelona, con el objetivo de "ponernos al día en un periodo de dos años".

El conseller también subrayó que, a diferencia de la anterior legislatura, que se centró en aumentar la presencia policial, en la actualidad el enfoque se orienta hacia la ampliación del poder judicial, con mayor número de jueces y juzgados, para dar respuesta a los problemas concretos que enfrentan los ciudadanos.

Adicionalmente, Espadaler destacó el compromiso del Gobierno central de comenzar en el primer trimestre del próximo año la modificación de un decreto que permitirá que la Guàrdia Urbana de Barcelona y las fuerzas policiales locales de las grandes ciudades accedan a una base de datos que registra a personas detenidas que han estado involucradas en procesos judiciales por multirreincidencia. Esta medida es vista como un paso importante para mejorar la respuesta a la delincuencia en la región.