Creen que su pena está "cumplida con creces" por el hecho de que fueron inhabilitados por 20 meses hace mucho más de un par de años

BARCELONA, 14 Mar.

Los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó han esgrimido frente al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que están amparados por la inviolabilidad parlamentaria en el juicio por presunta desobediencia que se reitera desde este martes.

Lo han expuesto los abogados Judit Gené --que representa a Corominas, Barrufet y Guinó-- y Raimon Tomàs --que representa a Simó-- en el trámite de cuestiones anteriores de la primera día del juicio, y los 2 letrados asimismo han sostenido que la Abogacía del Estado no habría de ser acusación en la causa por carecer de legitimación.

Los 4 acusados ejercitaron su cargo bajo el orden de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y están enjuiciados por un presunto delito de desobediencia al gestionar resoluciones y leyes similares con el desarrollo independentista y que contravenían la doctrina del Tribunal Constitucional (TC).

En este sentido, Gené ha reprochado que "es imposible sostener que el derecho de un diputado a votar está protegido por la inviolabilidad, y que el dejar que se vote no está protegido por la inviolabilidad".

"Mis clientes del servicio están aquí sentados nada más y nada menos que por votar en pos de que el Parlament pudiese votar unas leyes", ha continuado Gené, y aseguró que la Mesa se limitó a aceptar un enfrentamiento parlamentario.

Los 4 acusados ahora fueron juzgados en el mes de julio de 2020 y el TSJC les condenó a 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros --exactamente la misma pena que la Fiscalía solicita para ellos en este momento-- y el juicio se festeja nuevamente por orden del Tribunal Supremo (TS), que estimó que 2 de los tres jueces que juzgaron la situacion habían vulnerado el principio de imparcialidad al exteriorizar sus posiciones antes de dictar sentencia.

Entonces asimismo fue juzgada la exdiputada de la CUP Mireia Boya, que resultó exculpada y contra quien no se reitera el juicio, y en relación a la condena previo Gené ha criticado que "el TS ha retrasado mucho más de un par de años en anular este juicio, lo que quiere decir que la pena estaría cumplida con creces", y ha añadido que esto puede implicar una atenuante de dilaciones incorrectas y una vulneración de derechos escenciales.

Por su parte, Tomàs asimismo ha argumentado en pos de la inviolabilidad parlamentaria y ha cuestionado que el TSJC sea el tribunal competente para enjuiciar la situacion, ya que ninguno de los acusados es aforado hoy en día y, en la situacion de su protegida, ha señalado que no es así desde enero de 2018.

También en el trámite de las cuestiones anteriores, el fiscal ha pedido añadir como prueba el software electoral de JxSí --lista donde concurrieron Corominas, Barrufet y Guinó--, la Abogacía del Estado ha pedido integrar a la causa todas y cada una de las resoluciones dictadas a lo largo del recurso en el Supremo para acreditar que el trámite no fué paralizado.

La acusación habitual que ejercita Vox ha recordado que retiró la acusación por un presunto delito de organización criminal y sostiene solo la desobediencia, como ahora logró en el primer juicio.