En Barcelona, el 20 de febrero, especialistas en derecho inmobiliario han expresado su preocupación por la posible extensión hasta diciembre de 2026 de las moratorias que impiden los desahucios y lanzamientos judiciales relacionados con el impago de rentas, la finalización de contratos o ciertos casos de ocupación de viviendas. Este panorama genera una notable inseguridad jurídica que podría afectar a propietarios e inquilinos.

Con el fin de abordar esta problemática y el marco normativo vigente, el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) llevará a cabo el VI Congreso de Derecho Inmobiliario el 22 de abril. Este evento reunirá a expertos del sector para profundizar en las implicaciones legales actuales y proponer soluciones adecuadas.

Además del ICAB, participan en la organización del congreso varias entidades importantes, como el Col·legi d'Administradors de Finques Barcelona-Lleida, el Col·legi Notarial de Catalunya, el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya, entre otros. Esta colaboración refleja la relevancia del tema y la necesidad de un diálogo entre diversos profesionales del ámbito inmobiliario.

Otras entidades que se han sumado a esta iniciativa incluyen el Consell de l'Advocacia Catalana, la Càtedra de Dret Registral de la Universitat de Barcelona y la Associació de Promotors de Catalunya. Su participación destaca la seriedad y el alcance de las discusiones que se esperan en el congreso.

Los profesionales que se están preparando para este congreso señalan que, según la decisión de la Audiencia Provincial de Palencia, en su Auto 75/25 del 29 de octubre de 2025, "los propietarios no deben cargar con la responsabilidad de la escasez de vivienda". En este sentido, subrayan que el deber de atender las necesidades habitacionales recae en las administraciones públicas.

Asimismo, citan el artículo 47 de la Constitución, que establece la obligación de los poderes públicos de fomentar las condiciones necesarias para asegurar el derecho a una vivienda digna. Esto reafirma la necesidad de políticas efectivas que garanticen este derecho fundamental a todos los ciudadanos.