BARCELONA, 8 de noviembre.

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha hecho un llamado a la Agència de l'Habitatge de Catalunya para que se tomen medidas contra una empresa que arrendó 18 infraviviendas en Badalona, según declaró Paloma Pelegrín, fiscal de consumo, durante una rueda de prensa.

Pelegrín informó que este proceso se inició tras una denuncia del Ayuntamiento de Badalona, lo que llevó a una intervención judicial destinada a desalojar estas viviendas de apenas 15 metros cuadrados, donde residían diversas familias, algunas con menores a su cuidado.

La fiscal enfatizó que se exigió al Ayuntamiento que buscara alternativas habitacionales para estas familias y que se dirigió a la Agència Catalana del Consum para que se reivindicara la sanción de la empresa responsable de estos arrendamientos ilegales.

Sin embargo, tras la respuesta de Consum indicando que no poseía la competencia para actuar, el ministerio público reiteró su requerimiento a la Agència de l'Habitatge de Catalunya, una solicitud que no fue atendida en su primera instancia y que se ha reiterado en las últimas semanas.

Luego del desalojo realizado en octubre del presente año, el Ayuntamiento de Badalona destacó que en un local situado en la calle Sant Joan de la Creu, en el barrio de Sant Crist, se habían establecido de manera ilegal estas 18 "infraviviendas" de 15 metros cuadrados, que eran ofrecidas a precios desorbitados, variando entre 350 y 650 euros.

Según lo informado por la fiscal y corroborado por el Ayuntamiento, las viviendas carecían de ventanas y ventilación, no cumplían con la normativa vigente y presentaban fallos en la evacuación, la instalación eléctrica y las medidas contra incendios, representando un claro peligro para los ocupantes.

De acuerdo con declaraciones municipales, entre 25 y 30 personas vivían en esas condiciones precarias.

La situación fue puesta en conocimiento del Ayuntamiento por un ciudadano preocupado que alertó sobre la posible división ilegal del espacio y la realización de obras sin los permisos adecuados.

A raíz de esta información, la Guàrdia Urbana de Badalona realizó una inspección y halló que el local estaba ocupado y que su propietario, un individuo que poseía varias propiedades en la ciudad, había arrendado estas infraviviendas de manera ilegal a través de un intermediario inmobiliario.

El Ayuntamiento de Badalona ha asegurado que actuará con firmeza contra el propietario y la empresa involucrada, recordando que las sanciones por esta actividad ilícita podrían alcanzar entre 10 y 15 millones de euros.