La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha reafirmado su compromiso de destinar el 2% del Presupuesto a final de legislatura a la promoción del catalán y la política lingüística. Garriga ha destacado que el catalán y la política lingüística son ejes prioritarios de los Presupuestos de cultura para 2024, y ha subrayado la importancia de proteger el catalán frente a las políticas de gobiernos de PP y Vox, a los que ha acusado de amenazar la cultura y la lengua catalana. Además, ha expresado su deseo de que el gobierno resultante de las elecciones del 23 de julio sea progresista y necesite el apoyo de ERC.
En cuanto a la situación en Baleares y la Comunidad Valenciana, donde gobiernan PP y Vox, Garriga ha afirmado que el Institut Ramon Llull (IRL) seguirá trabajando por la internacionalización de la lengua catalana y que su departamento seguirá promocionando la cultura y la lengua catalana con quien pueda y quiera estar. Confía en que esto no afecte a las coproducciones en catalán con otras televisiones públicas del ámbito lingüístico catalán. Además, ha reivindicado el incremento de 101 millones para Cultura en 2023 y se ha comprometido a alcanzar el 2% del Presupuesto a final de legislatura.
Garriga ha explicado que entre un 70 y un 80% de los recursos del presupuesto van a los sectores culturales de toda Catalunya y que, si bien en 2022 se destinaron a potenciar las áreas de Cultura Digital y Cultura Popular, en 2023 se priorizó la Secretaría de Política Lingüística. En la misma línea irán los presupuestos de 2024. En cuanto a los cambios en el Govern esta legislatura, ha afirmado que ha influido poco en la estabilidad del departamento de Cultura. Además, ha destacado las buenas relaciones entre su departamento y otros, que han dado lugar a proyectos conjuntos que benefician a la ciudadanía. Garriga, que fue gerente del Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), ha subrayado que el sector cultural agradece la estabilidad y valora su conocimiento del entramado cultural.
Por último, Garriga ha mencionado la situación judicial en la que se encuentra, ya que la Fiscalía pide un año de inhabilitación y una multa de 18.000 euros por su participación en el 1-O. La consellera confía en poder acabar su mandato y ha afirmado que no ha cometido ningún delito.