El Gobierno central ha sido acusado de ceder ante el chantaje de una minoría supremacista al pactar con Junts su abstención para aprobar decretos en el Congreso. Societat Civil Catalana (SCC), una asociación constitucionalista, ha expresado su preocupación por esta cesión de soberanía nacional al partido de un prófugo que no pisa suelo español para extorsionar al Gobierno.
Según SCC, en este pacto se han realizado importantes concesiones a Junts, que no respetan la igualdad y el principio de solidaridad entre comunidades autónomas. Consideran que se pretende otorgar competencias trascendentales a una comunidad gestionada por un régimen nacionalista tribal.
En concreto, SCC lamenta la retirada del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que frenaba la ley de amnistía, y critica la reforma de la Ley de Sociedades que busca forzar el regreso de las empresas que abandonaron Catalunya debido al proceso separatista.
Además, consideran que sería grave ceder por completo las competencias de inmigración a la Generalitat y llaman a la sociedad civil a manifestar su desacuerdo a través del voto, la protesta pública y la movilización pacífica en defensa de la democracia.
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