En un desarrollo significativo en la política de vivienda en Cataluña, el Govern se ha unido a los Comuns para implementar una unidad dedicada a la prevención de desahucios. Esta medida, junto con la creación de un registro de grandes propietarios inmobiliarios, forma parte de las iniciativas ya consensuadas en mayo durante la aprobación de los suplementos de créditos.

Sílvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, se reunió recientemente con Jéssica Albiach, líder de los Comuns, para delinear los pasos necesarios para la activación de estas políticas. La secretaria de Vivienda, Lídia Guillén, también participó en el encuentro, que busca abordar las inquietudes relacionadas con la vivienda en la comunidad.

Albiach, en una comparecencia ante la prensa, destacó que la nueva unidad y el registro de propietarios serán claves para "ordenar el caos actual de la vivienda" y combatir el creciente problema de los desahucios en la región. Criticó al Govern, argumentando que su respuesta ante la crisis habitacional había sido lenta hasta ahora, y su colega Susanna Segovia subrayó que estas medidas llegan con retraso.

La unidad antidesahucios, que será presentada formalmente en la próxima reunión del Consell Executiu como el Servei de Protecció i Estabilitat Residencial (SPER), contará con un presupuesto de 39,4 millones de euros para el período 2026-2030. Su enfoque se centrará en intervenir proactivamente desde que comienza el incumplimiento de pagos, evitando, así, la necesidad de recurrir a la policía para las desalojos, como enfatizó Segovia.

Los Comuns han manifestado que esta celebración incluirá un Referente de Vivienda que monitoreará cada caso de desalojo desde el impago del alquiler hasta la posible ejecución del mismo, con un seguimiento posterior a los afectados. Esta estrategia busca fortalecer la mediación entre inquilinos y propietarios, implicando a la Agència de l'Habitatge de Catalunya para mejorar la coordinación y la prevención.

Además, se establecerá una línea telefónica de atención que ofrecerá apoyo y asesoramiento a los operadores de las oficinas locales de vivienda. Inicialmente, este servicio se ubicará en Barcelona y se expandirá a otras ciudades catalanas en una fase posterior.

La unidad contará con un equipo compuesto por 50 profesionales, cuya incorporación se espera que se realice a finales de 2026. Segovia ha manifestado su preocupación por la tardanza en la implementación de estas medidas, aunque también expresó su confianza en que se ajustarán las dotaciones conforme a la creciente demanda de servicios.

Con respecto al registro de grandes tenedores de vivienda, se estipula que quienes posean más de cinco inmuebles deberán registrarse o enfrentar sanciones que oscilarán entre 9.000 y 90.000 euros. Esta herramienta pretende garantizar el cumplimiento de la regulación en materia de alquileres, incluyendo la obligación de ofrecer alquiler social en casos de desalojo.

El registro permitirá a los inquilinos verificar si su arrendador se encuentra en esta categoría y, en función de ello, qué tipo de regulación se debe aplicar a sus contratos. Segovia destacó que será esencial que este registro sea accesible y garantice la protección de datos personales, facilitando las consultas necesarias mediante la introducción de identificaciones oficiales.

Al ser interrogada sobre si este acuerdo facilitará que los Comuns participen en las negociaciones para los Presupuestos de 2026, Albiach aclaró que primero esperan que se cumplan los acuerdos previos antes de considerar nuevos pactos. Subrayó la importancia de cumplir con los compromisos en áreas como educación y movilidad, además de vivienda.

Finalmente, sobre la reciente declaración del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acerca de la prohibición de la compra especulativa de viviendas, Albiach expresó que aunque le parece que Illa se está volviendo más receptivo a la idea, también espera que se materialicen en acciones concretas.