En un desarrollo reciente que puede tener un impacto significativo en la política catalana, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hizo público el pasado viernes un ambicioso "Pla de Govern" para esta legislatura. Este documento enfatiza que el acceso a la vivienda, la transición energética, la seguridad y el autogobierno, junto con una financiación singular, representarán las prioridades esenciales de su administración.

El Consell Executiu se prepara para aprobar este lunes, durante su última reunión del año, un detallado informe que incluye 260 medidas concretas organizadas en cinco grandes áreas. Estas áreas abarcan desde la prosperidad compartida y la mejora del acceso a la vivienda, hasta la transición energética, el bienestar social, un buen gobierno, y la continuación del autogobierno efectivo junto con una financiación a medida de las necesidades catalanas.

Entre las medidas que se incorporan al Plan de Govern, se encuentran aquellas que fueron acordadas en el pacto de investidura entre el PSC, ERC y los Comuns. A pesar de que se plantea la posibilidad de no aprobar los Presupuestos, fuentes oficiales del Govern aseguran que no habrá cambios en esta estrategia a largo plazo o en el marco de trabajo previsto.

Una de las líneas más significativas del documento es el impulso a la reindustrialización y la creación de empleo, para lo cual el Govern sugiere la creación de un nuevo Pacto Nacional por la Industria que abarque los años 2026 a 2030. Además, pretende reducir la carga administrativa a las empresas e incentivar la captación de fondos europeos así como proyectos estratégicos en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I).

En materia de vivienda, el plan presentado por Illa prevé la construcción de 50.000 viviendas protegidas para alquiler, complementando esto con iniciativas para la rehabilitación y adquisición de viviendas. Esto se acompañará de medidas destinadas a regular los precios del alquiler y modernizar colegios, incluyendo la construcción de 120 nuevas instalaciones y mejorando el confort climático en más de 2.500 centros escolares.

El compromiso en el área de transición energética es notable, con un objetivo de alcanzar el 50% de la producción eléctrica a través de energías renovables. Este objetivo se respaldará con la instalación de 5.000 MW de energía eólica y 7.000 MW de energía fotovoltaica, así como la expansión de infraestructuras para desalinización y potabilización, y la introducción de un plan para vehículos eléctricos y una nueva legislación sobre residuos.

El Govern también prevé mejorar la conectividad mediante el Aeropuerto de Barcelona, cuidando al mismo tiempo de áreas naturales. Se contempla la creación de una empresa mixta para gestionar Rodalies tras la transferencia de la red y se buscará avanzar en proyectos de trenes y transporte público en varias localidades, incluyendo nuevos estudios de infraestructuras ferroviarias.

En el ámbito de la educación, un enfoque renovado se busca para revertir los actuales resultados insatisfactorios. El Govern tiene en mente un plan específico, apoyado por la OCDE, y un aumento en la financiación dedicada a instituciones educativas para alcanzar la gratuidad de la educación para niños de 0 a 3 años.

El bienestar sanitario también se destaca en el plan, que incluye metas ambiciosas, como asegurar que el 90% de los pacientes de atención primaria sean atendidos en menos de 48 horas. Adicionalmente, se priorizarán proyectos de salud como el nuevo Hospital Clínic de Barcelona y el Campus de Salut Trueta de Girona.

El tema de la seguridad también se sitúa en la parte alta de la agenda. El plan incorpora un acuerdo de la Junta de Seguridad que pretende incrementar la plantilla de los Mossos d'Esquadra hasta los 25.000 efectivos para el año 2030, así como la creación de nuevas unidades judiciales con el objetivo de reducir la reincidencia delictiva, en paralelo a la creación de cinco nuevos juzgados en Barcelona.

La propuesta incluye reformas en la administración de la Generalitat, previendo la evaluación de políticas públicas y una transformación digital que contemple una nueva ley de ocupación pública y un decreto sobre dirección pública profesional.

Asimismo, el nuevo sistema de financiación singular se presenta como un elemento crucial para avanzar en el autogobierno y nuevas competencias que podría asumir la Generalitat. Esto se suma al despliegue de la ley sobre estatutos de municipios rurales y otros compromisos relacionados con la agenda rural.

A pesar del plan detallado, el documento concluye subrayando que tanto el Pla de Govern como los Planes Departamentales futuros incorporarán la totalidad de los acuerdos de investidura logrados entre el PSC, ERC y Comuns.

Desde el ejecutivo catalán, se prevé que muchas de las medidas que requieran la aprobación del Parlament serán negociadas de manera que se busque el consenso con los socios de investidura, sin contemplar la posibilidad de mayorías alternativas. Sin embargo, algunas medidas, como el traspaso de competencias en inmigración, aún no están finalizadas y quedan excluidas del plan.

El Govern ha dejado claro que no permitirá que la aprobación de los Presupuestos influya en la ejecución de las medidas propuestas, sosteniendo que tras los acuerdos de investidura resultará incomprensible no contar con un presupuesto aprobado. Así, se confié en lograr acuerdos relevantes en el próximo semestre, especialmente en temas de financiación singular y deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

En conclusión, el plan presentado por el Govern tiene como objetivo recuperar el liderazgo económico de Catalunya, un liderazgo que se ha visto afectado en tiempos recientes. Aunque el punto de partida se considera insatisfactorio, Illa asegura que el equipo busca una visión de largo plazo que aporte estabilidad y solicita la confianza en las potencialidades de Catalunya, tal y como se expresa en el prólogo del documento.