En un reciente informe titulado 'Capitalismo verde y vulneraciones de los derechos humanos', la Comisión Catalana de Acción para el Refugio (Ccar) y el Observatorio de la Deuda en la Globalización (OdG) han dirigido su atención a los efectos que la actual transición energética ejerce sobre diversas naciones del Sur Global, centrándose especialmente en los casos de Perú, Senegal, Marruecos y el Sáhara Occidental.

El documento sostiene que los países del hemisferio Norte son responsables de generar violaciones de los derechos ambientales en estas regiones, las cuales a menudo resultan en el desplazamiento forzado de poblaciones enteras. Esta situación es el resultado directo de las políticas relacionadas con el denominador común del "capitalismo verde", según indica un comunicado emitido por la Ccar.

Este estudio se erige sobre la base de varios casos donde el desplazamiento poblacional es significativo debido a la vulnerabilidad ante los impactos climáticos. Asimismo, se señalan proyectos de extracción a gran escala que tienen como objetivo la exportación de recursos naturales considerados estratégicos para la transición hacia una economía más verde.

Concretamente, se analizan los casos de Perú, Senegal, Marruecos y el Sáhara Occidental, donde las vulneraciones ambientales están íntimamente conectadas con el desplazamiento de personas que, en algunos casos, busca una vida mejor en ciudades como Barcelona.

El informe recalca que el 'extractivismo verde' en Perú, principalmente vinculado a la minería, exacerba los conflictos socioambientales. Se registran 117 casos legales abiertos y 58 homicidios relacionados en la última década, afectando especialmente a la población indígena, que representa el 51% de las víctimas.

En Senegal, donde el 15% de la población depende de la pesca, se destaca que la desertificación unida a la sobrepesca industrial están desmantelando los medios de vida tradicionales de las comunidades rurales y pesqueras, modificando drásticamente su manera de subsistir.

Asimismo, se menciona que los acuerdos firmados en los últimos 40 años entre gobiernos europeos y empresas han permitido la pesca en aguas senegalesas, lo que empuja a miles de personas a buscar alternativas, ya sea desplazándose a las urbes o arriesgando sus vidas en su intento por alcanzar territorios con condiciones de vida dignas.

El informe también examina los vastos proyectos de energías renovables en Marruecos, como los parques eólicos y solares, que se han implementado sin obtener el consentimiento claro del pueblo saharaui en el Sáhara Occidental. Este panorama podría llevar a que, para el año 2050, 17 millones de personas se vean forzadas a desplazarse.

Por otro lado, la Ccar y el OdG han hecho un llamado a la crítica hacia tecnologías como el hidrógeno verde, que atraen inversiones millonarias pero que, según ellos, deslumbran frente a iniciativas potencialmente más equitativas, como el Fondo de Pérdidas y Daños de la ONU, diseñado específicamente para asistir a países vulnerables frente a los efectos del cambio climático.

El análisis de estos movimientos contemporáneos revela que, además de agravar el cuadro ya complejo, la aparición de grupos de extrema derecha que propagan 'narrativas negacionistas' agrava las políticas antiinmigración existentes, intensificando así la situación humanitaria en la región.

Finalmente, la Ccar y el OdG concluyen que las dinámicas observadas en estos países demuestran cómo las soluciones verdes pueden, en muchos casos, acentuar problemas estructurales ya existentes, desafiando la sostenibilidad y la equidad del actual modelo de transición energética global. Sin una transformación profunda en la forma de abordar estos desafíos, el 'capitalismo verde' se convertirá en un mecanismo para perpetuar desigualdades, amenazando así tanto los derechos humanos como los territorios más vulnerables.