BARCELONA, 16 de febrero.

Los líderes del 'caso Cocoon', una extensa estafa inmobiliaria que afectó a más de cien personas en Catalunya entre 2009 y 2015, han aceptado sentencias que pueden llegar hasta los 4 años y medio de prisión. Estos individuos se enfrentaban a cargos graves que incluían estafa agravada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.

Este lunes, antes de que se diera inicio al juicio previsto en la Ciutat de la Justicia de Barcelona, se alcanzó un acuerdo entre las partes. Los 14 acusados admitieron su participación en los delitos frente al tribunal, que ha emitido una sentencia preliminar y ha indicado que las reclamaciones civiles se resolverán en un proceso aparte.

El abogado Francisco Comitre ha sido sentenciado a 2 años y 1 mes de prisión por su papel en la estafa agravada, además de recibir penas adicionales de 10 meses por blanqueo de capitales y 1 año y 8 meses por su afiliación a un grupo criminal. También se le ha prohibido ejercer su profesión durante más de 9 años y se le ha impuesto una multa de 7.200 euros.

Por otro lado, el notario Enrique Peña ha aceptado una pena de 3 años y 2 meses de cárcel, desglosada en 1 año y 9 meses como coautor de la estafa y 1 año y 5 meses por blanqueo. Además, ha sido multado con 13.200 euros y se le ha inhabilitado de forma permanente para ejercer su labor notarial.

Asimismo, se han declarado nulas ciertas escrituras públicas y la inscripción de propiedades en el Registro de la Propiedad, incluso aquellas adquiridas por terceros de buena fe. Las sociedades implicadas en el fraude también fueron consideradas ilegítimas, ya que se crearon exclusivamente para llevar a cabo la estafa.

Inicialmente, la Fiscalía había solicitado penas que en el caso de Comitre podían superar los 20 años de prisión por los delitos cometidos, aunque finalmente se logró una reducción importante de dichas penas.

Según documentos del Ministerio Público, los acusados lograron apropiarse de las viviendas de las víctimas sin ofrecer un pago justo o realizando pagos muy por debajo del valor real de las propiedades.

Se estima que más de un centenar de propiedades fueron adquiridas fraudulentamente en localidades como Santa Coloma de Gramenet, Sant Boi de Llobregat, Terrassa y Barcelona, así como en otras ciudades de Tarragona.

Los imputados se dirigieron a personas con escasos conocimientos financieros y en situaciones de vulnerabilidad, ofreciendo productos que se asemejaban a préstamos personales garantizados por la propiedad, y ocultando que en realidad estaban firmando la venta de sus hogares a precios irrisorios.

A través de engaños, los afectados firmaron contratos sin darse cuenta de las implicaciones, renunciando a sus propiedades sin garantía de recuperación o compensación en caso de que se descubriese el fraude.

La participación de un notario fue crucial para llevar a cabo esta estafa, permitiendo que los clientes, quienes creían estar contratando un préstamo, vendieran sus viviendas sin ser conscientes de la realidad de la transacción.

Dicha estafa involucró no solo a Peña, sino también a otros dos notarios y tres oficiales de notaría de localidades cercanas, todos ellos procesados por su implicación en el caso.

Debido a la gravedad de los delitos, el Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) y el Colegio Notarial de Catalunya actuaron como parte acusadora en este caso.