Iridia afirma que los mecanismos para investigar violencia institucional son inadecuados
La Audiencia de Barcelona ha decidido reabrir la investigación sobre la muerte de un hombre en 2021 debido al presunto uso de una pistola Táser, según informó la asociación Irídia.
La abogada de la asociación, Sònia Olivella, expresó en una rueda de prensa junto a otros miembros de Irídia que los mecanismos de investigación interna de los cuerpos policiales en casos de violencia institucional son "absolutamente insuficientes e ineficaces".
En 2023, Irídia recibió 146 solicitudes de actuación, de las cuales 57 estaban relacionadas con violencia institucional. La organización actuó como acusación en 56 litigios, de los cuales 49 siguen abiertos y siete finalizados.
Un total de 156 agentes o funcionarios están encausados en un procedimiento penal, con 82 de ellos siendo investigados. Entre los implicados se encuentran miembros de los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional, Policía Local, funcionarios de prisiones y vigilantes de seguridad privada.
Olivella señaló que en el 41% de los casos abiertos hay un componente de racismo y expresó preocupación por la falta de identificación adecuada de algunos agentes durante actuaciones policiales.
Por otro lado, Mireia Salazar detalló el caso de Antonio, un hombre que murió después de recibir seis descargas de la pistola Táser por parte de varios agentes. La causa se archivó inicialmente, pero se reabrió tras un recurso de Irídia.
La hermana de la víctima, Annoris, acompañada a la rueda de prensa, expresó su deseo de que se haga justicia y se responsabilice a los involucrados en la muerte de su hermano.
La psicóloga Natàlia Abrego resaltó la necesidad de informar adecuadamente a las familias de las víctimas y de implementar medidas para atender a personas con problemáticas de salud mental. Además, abogó por formar a los profesionales en protocolos de investigación sobre tortura y tratos inhumanos.
Anraïs Franquesa, directora de Irídia, subrayó la importancia de la transparencia y supervisión de los cuerpos policiales, instando a las fuerzas políticas a crear un mecanismo independiente de supervisión de las fuerzas policiales.