El gobierno de Joe Biden está preparando una serie de medidas para permitir que alrededor de 9 millones de inmigrantes que residen en Estados Unidos sin documentación legal obtengan la ciudadanía y puedan acceder a servicios públicos como la asistencia sanitaria. Los cambios propuestos incluyen la posibilidad de que estos migrantes soliciten la ciudadanía después de cinco años de haber llegado al país, lo que significa una reducción significativa del tiempo actual de espera de 13 años.

Otras medidas que se están considerando son el otorgamiento de permisos de trabajo a los migrantes y la simplificación del proceso de obtención de la ciudadanía para los solicitantes. Además, se espera que el gobierno de Biden aumente la cantidad de trabajadores migrantes admitidos en el país y destine recursos adicionales para procesar las solicitudes de inmigración con mayor rapidez.

Los defensores de los inmigrantes han elogiado estas medidas, al considerar que constituyen un paso significativo para mejorar la situación de los migrantes indocumentados en el país. Sin embargo, los críticos han cuestionado el impacto económico y social de permitir la llegada de millones de migrantes sin documentación legal. Algunos argumentan que esto pondrá más presión sobre los servicios públicos y generará una mayor competencia en el mercado laboral, lo que podría afectar negativamente a los trabajadores estadounidenses.

La noticia de estos cambios en la política migratoria coincide con la promesa de Biden de trabajar por una reforma migratoria integral. La administración actual espera que estas medidas sean el primer paso hacia esta meta y que logren marcar una diferencia significativa en la vida de los migrantes en Estados Unidos.